La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final que recomienda la denuncia por infracción constitucional e inhabilitación para la función pública por diez años, contra la fiscal de la Nación suspendida Delia Espinoza.
No obstante, la citada comisión parlamentaria rechazó las denuncias constitucionales y el pedido de inhabilitación para la función pública en contra de los fiscales supremos Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, también implicados en el citado informe.
A Delia Espinoza se le atribuye la presunta infracción de diversos artículos de la Constitución, así como de ser presunta autora de los delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica.
Reglamento
Ello a raíz de la aprobación de un reglamento del Ministerio Público que presuntamente viola la Ley 32130, Ley que modifica el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los proceso penales, publicada en octubre de 2024.
Previamente, la presidenta de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones (APP), sustentó el informe final sobre la denuncia constitucional 528, interpuesta contra los cuatro fiscales supremos por los congresistas Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín.
Tras la decisión de la Comisión Permanente, bajo la presidencia del segundo vicepresidente del Parlamento Waldemar Cerrón (Perú Libre), el informe final contra Delia Espinoza deberá pasar al Pleno del Congreso para su debate y decisión final.
Durante el debate, el congresista Alejandro Cavero (Avanza País), señaló que las leyes se presumen constitucionales y que, por tanto, la referida ley (32130) no ha sido retirada del ordenamiento y los fiscales no pueden decir que es inconstitucional.
Precisó que se puede debatir las sanciones, pero la autonomía (del Ministerio Público) es respetar la ley y ello no ha sido cumplido por la junta de fiscales supremos.
Por su parte, la legisladora Gladys Echaiz (HyD) sostuvo que al emitir el citado reglamento el Ministerio Público ha cumplido la Constitución que establece que la Fiscalía conduce la investigación desde el inicio. Sostuvo que reglamentar esa función no es inconstitucional ni sancionable.
Mientras tanto, Edgar Reymundo (BDP) también se mostró en contra de la denuncia constitucional contra los fiscales supremos. "Se pretende hacer un despropósito", señaló.
Defensa de fiscales supremos
Durante su intervención ante la Comisión Permanente, Samuel Abad, abogado defensor de los fiscales supremos Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Delia Espinoza, sostuvo que sus patrocinados no han cometido ninguna infracción a la Constitución ni han cometido delitos.
"El Congreso no puede decir que se viola la ley porque no es el Poder Judicial ni el Tribunal Constitucional; puede discrepar pero no puede inhabilitar ni denunciar por delitos. No hay delitos, ni infracción a la Constitución, es un intento de violación de la autonomía del Ministerio Público por quienes no comparten su interpretación", afirmó el letrado.
Samuel Abad sostuvo que los fiscales supremos aprobaron dicho reglamento en el marco de su autonomía y el mismo fue publicado en el Diario Oficial El Peruano. Sostuvo que la denuncia aprobada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no precisa qué artículo del reglamento infringe la ley, razón por la cual pidió que dicha denuncia sea archivada.
Se pronuncia
Tras conocer la decisión de la Comisión Permanente, Delia Espinoza, sostuvo que lo aprobado en su contra es un "quiebre del estado constitucional cometido en el Congreso" y "una venganza política por perseguir el delito".
"Realmente es una ilegalidad, una inconstitucionalidad, un atropello", dijo a los medios en los exteriores del Ministerio Público, al tiempo de cuestionar la forma en que se votó el informe final por separado cuando los cuatro fiscales supremos están invlocrados en el mismo caso.
Asimismo, sostuvo que el Parlamento busca destituirla y deshacerse de una Fiscal de la Nación "que no conviente y que no es amistosa". También anunció que acudirá el pleno del Congreso, cuando sea citada para ver su caso.
Del mismo modo, señaló que el reglamento de la Fiscalìa que origina la denuncia en su contra no ha sido elaborado en la Junta de Fiscales Supremos y que personalmente no na participado en la preparación y la aprobación del citado documento.
(FIN) HTC/JCC
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