La Fiscalía anticorrupción de Lambayeque logró que se condene a 12 años de prisión al exalcalde de la Municipalidad Provincial de San Ignacio (Cajamarca), Carlos Martínez, y otros tres exfuncionarios municipales por el delito de colusión agravada.
El Ministerio Público informó que de acuerdo a la acusación fiscal, los hoy sentenciados concertaron con dos empresarios para favorecerlos ilícitamente en la adjudicación de obras públicas, lo que ocasionó un daño patrimonial a dicho municipio.
Este caso estuvo a cargo de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, que también logró la condena a los exfuncionarios Euler Jave, exgerente municipal; Álvaro Cabrera, exgerente de Acondicionamiento Territorial e Infraestructura; y Wilfredo Romero, exjefe de Abastecimientos de la citada comuna, a quienes también se les impuso la pena de 12 años de prisión.
Los hechos ocurrieron entre septiembre y diciembre de 2012, periodo en el cual los exfuncionarios concertaron ilícitamente con terceros para defraudar patrimonialmente a la Municipalidad de San Ignacio.
Perjuicio económico
Durante el juicio oral, el fiscal provincial José Óscar Guevara Gilarmas acreditó que los imputados se coludieron con su cómplice Hans Díaz en la contratación de servicios para la elaboración del expediente técnico de la construcción de alcantarillado y mejoramiento de la red de agua potable del Manantial La Lima, caserío de Peringos, en dicho distrito.
Esta concertación ilícita significó un perjuicio económico a la municipalidad por los montos de S/ 39 000 y S/ 27 750.
Asimismo, se demostró que los exfuncionarios concertaron ilícitamente con su cómplice Lía Aguinaga, gerente general de una empresa privada, para defraudar patrimonialmente al municipio en procesos de contratación pública vinculados a la obra de agua potable y saneamiento de dicho caserío, lo que generó un perjuicio económico adicional de S/ 27 750.
Por estos hechos, los cómplices Díaz y Aguinaga fueron sentenciados a una pena de seis años de prisión, convertida en 260 jornadas de prestación de servicios comunitarios y cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, así como el pago de reparación civil por los montos de S/ 29 000 y S/ 37 750, respectivamente.
(FIN) NDP/HTC/
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