Los pueblos indígenas y originarios del Perú cuentan con una nueva política nacional que, con miras al año 2040, busca garantizar el ejercicio de sus derechos colectivos, así como su desarrollo sostenible, la seguridad jurídica de los territorios ancestrales que ocupan, y proteger a su entorno frente a los efectos del cambio climático y de la degradación medioambiental.
Los lineamientos allí consignados persiguen, además, el fin de ir cerrando las brechas estructurales que separan a los pueblos indígenas u originarios del resto de la sociedad peruana. También se persigue que, para el año 2040, las condiciones de vida de este segmento poblacional hayan mejorado.
Los objetivos prioritarios contenidos en este documento comprenden garantizar la seguridad jurídica de las tierras y territorios ancestrales en las que se desenvuelven estas comunidades de los pueblos indígenas u originarios, enmarcando esto en los estándares propios del ordenamiento jurídico internacional y también respetando la multiculturalidad.
En ese sentido, se prevé buscar la simplificación de los procesos de saneamiento físico-legal de los territorios.
Reducción de vulnerabilidades
De igual forma, se busca reducir la vulnerabilidad de estos pueblos frente a la degradación del ambiente y los efectos del cambio climático, fortaleciendo la evaluación, supervisión, fiscalización y sanción, e incluyendo en estos a las actividades extractivas y de implementación de infraestructura. En estos deberán participar comités de vigilancia indígenas, se indica.
Asimismo, se pretende garantizar la salvaguardia, reconocimiento y revalorización de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y originarios.
La Política Nacional aprobada tiene también entre sus objetivos garantizar el ejercicio de estas comunidades a los derechos colectivos de participación, consulta y consentimiento previo, libre e informado, mejorando la difusión de información sobre los procesos y acuerdos a los que se llegue, bajo criterios de pertinencia, periodicidad y accesibilidad.
Se suma, además, el objetivo de mantener los derechos de los pueblos que se encuentran en situación de aislamiento y contacto inicial.
Debe recordarse que hay pueblos de esta índole que voluntariamente han decidido permanecer en situación de aislamiento. Esto se da mayormente en comunidades amazónicas.
Acceso a mercados y tecnología limpia
El listado de objetivos perseguidos por esta política nacional continúa con el de mejorar las condiciones para garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres. Para concretar ello, se articularán acciones en las que se interrelacionen la oferta pública y la privada, permitiéndose así el acceso a mercados.
En ese contexto, también se contempla el objetivo de garantizar el desarrollo social de las referidas comunidades, fortaleciendo su participación en iniciativas ambientales. Se comprende en este marco, además, ampliar la infraestructura eléctrica con tecnología sostenible y renovable, con energía limpia, como la solar.
Otro de los objetivos enlistados es el de buscar que estas comunidades cuenten con las condiciones necesarias para su desarrollo económico sostenible y solidario.
El último de los nueve objetivos enlistados en esta Política Nacional hace referencia a reducir la violencia, la discriminación étnico-racial y el racismo ejercido contra las comunidades indígenas y originarias.
(FIN) FGM
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Publicado: 11/4/2026