El expresidente de la Sala Penal Antiterrorismo, Marcos Ibazeta, planteó concentrar en una base de datos única la información dispersa sobre condenados por terrorismo y sus antecedentes judiciales, y así evitar que estas personas se infiltren como trabajadores en el Estado.
Ibazeta sustentó su planteamiento en la necesidad de contar con una herramienta que garantice el cumplimiento efectivo de la
iniciativa aprobada en el Congreso de la República para prohibir que condenados por terrorismo y otros delitos graves trabajen en la esfera pública.
Para ello, añadió, podría implementarse un centro de información que concentre la data del Registro Nacional de Condenas del Poder Judicial y los registros de antecedentes judiciales, convirtiéndose en un ente autónomo que administre una base de datos siempre actualizada.
“Falta un centro de concentración de información, equiparado al Reniec, para que tengamos una base de datos al día, perfectamente administrada, y con reglas de información claras y precisas. Si no tenemos eso, la ley que se ha aprobado será un adorno más”, comentó el exmagistrado.
Consideró que el caso de la congresista de Frente Amplio,
María Foronda, quien contrató como personal de confianza a una exemerretista, demuestra el desorden y la falta de criterios existentes al momento de revisar los antecedentes de las personas que se van a contratar.
En diálogo con la
Agencia Andina,
Ibazeta coincidió en que, para evitar “sacarle la vuelta a esa ley”, los empleadores del sector público podrían contar con ese filtro exhaustivo cuando les corresponda evaluar la hoja de vida de quienes pretendan ingresar a trabajar al Estado.
“Si les damos esa base de datos, los empleadores podrían ingresar directamente, así como los notarios ingresan al Reniec, pagando un derecho. Pero tiene que ser un ente autónomo, porque si esto sigue dependiendo del Poder Judicial, nunca vamos a tener información clara y precisa”, dijo.
Como se recuerda, el Congreso aprobó en segunda votación el proyecto de ley que propone como requisito para trabajar en el sector público no haber sido sentenciado por el delito de apología al terrorismo, violación sexual, proxenetismo, entre otros ilícitos.
Lo aprobado comprende también a sentenciados por delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, trata de personas y corrupción.
Dicha ley entraría en vigor en un plazo de 90 días, tiempo en el cual las entidades públicas deberán verificar si sus servidores tuvieron sentencias condenatorias por estos delitos.
(FIN) MVF/CCR
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Publicado: 20/5/2018