Andina

Perucámaras rechaza blindajes y decisiones de fiscal de la Nación

Se puede tener la legalidad de lado, pero sin legitimidad ni la debida oportunidad se ve como algo negativo, afirma

Carreteras. ANDINA/Prensa Presidencia

Carreteras. ANDINA/Prensa Presidencia

15:30 | Lima, oct. 13.

Por José Luis Jaramillo

La Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (Perucámaras) rechazó hoy los aparentes “blindajes” en el Congreso y las decisiones en la víspera del fiscal de la Nación por considerar que no se tomaron en un momento oportuno.

“Muchas veces se puede tener la legalidad de lado, pero sin legitimidad, que la proporciona la opinión pública, ni la debida oportunidad, no se acepta ni se percibe como una decisión positiva”, señalo el presidente de Perucámaras, Carlos Durand. 
 
El Ministerio Público dejó ayer sin efecto la designación de Erika Rocío Delgado Torres como fiscal adjunta de Lima y su destaque en el despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio.

El mencionado despacho se encuentra a cargo del fiscal José Domingo Pérez, que lleva investigaciones como los presuntos aportes de la constructora brasileña Odebrecht a las campañas presidenciales de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y los ex mandatarios Pedro Pablo Kuczynski y Alan García.

La resolución refrendada por el fiscal de la Nación Pedro Chávarry, publicada en el Boletín de Normas Legales, precisa que Delgado Torres dejará de pertenecer al Pool de Fiscales Transitorios de las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad Organizada.


Blindaje en el Congreso


“No lo digo solo por el caso del Ministerio Público, sino por cualquier acto, porque las personas son las que representan a las instituciones y en función a sus decisiones se califican a las mismas”, dijo a la Agencia Andina.

Asimismo, consideró que los aparentes actos de blindaje en el Congreso no contribuyen a la credibilidad de la clase política e impactan en el desarrollo del país, pues afectan la calidad de vida de los peruanos.

Refirió que no en vano en el Foro Económico Mundial estamos jalados en institucionalidad, dentro de lo cual se encuentran justamente la credibilidad de la clase política y la eficiencia del sistema judicial.

“De esta manera, dicho indicador, que se mide para decir si una economía está en camino del desarrollo, no nos permite pasar a otro nivel”, advirtió.

En ese sentido, manifestó que los actores políticos deben tener por delante una visión de futuro, pues sus actos impactan en el desarrollo del país y redundan en la calidad de vida de los peruanos y en las oportunidades que pueden tener las familias para realizar emprendimientos.


Caso Lava Jato


Refirió que sería positivo para el Perú llegar a buenos términos con el caso Lava Jato porque ayudaría a la imagen país y a la economía.

“Reflejaría que no hay impunidad, que es el mayor incentivo para que se registre el círculo vicioso de la corrupción.  Así se fortalecería la institucionalidad”, consideró.


•   Hamilton Castro fue retirado del equipo fiscal del caso Odebrecht


No obstante, Carlos Durand continuó, mientras sigamos teniendo un Estado del tercer mundo, sin predictibilidad y con corrupción, seguiremos siendo un país tercermundista.


Impacto en economía


Carlos Durand afirmó que el ruido político definitivamente tiene un impacto en la economía de un país.  

“Hace poco nos reunimos con los presidentes de las cámaras de comercio de las diferentes regiones y ahí es donde se siente más aun el efecto de esta tormenta política de los últimos meses”, enfatizó.

Refirió que estos temores por el ruido político se traducen en la paralización de las ejecuciones del gasto público en provincias.

“La ejecución del gasto a octubre tiene un promedio de 50%, con algunas regiones con un avance de 60% y otras con 25%, dado que existe temor de convocar contratos y firmar adendas por eventuales acusaciones posteriores”, dijo.

Adicionalmente, comentó, muchos de los gobiernos regionales que muestran demoras en la ejecución de sus gastos tienen a sus autoridades en diferentes procesos de corrupción.  

“Se estima que son 9,000 millones de soles sin ejecutar para el último trimestre del año y ahora vendrá un apuro por gastar, pero el problema será la calidad de dicho gasto”, apuntó.


Más en Andina:


(FIN) JJN/JJN

Published: 10/13/2018