La congresista Diana Gonzales Delgado, del partido político Avanza País, presentó el Proyecto de Ley N° 11398/2024-CR que establece el marco legal de la figura del denunciante protegido en los delitos de sicariato, extorsión y otros comprendidos dentro del crimen organizado, con el objetivo de garantizar la reserva de identidad y seguridad personal de los denunciantes.
¿Qué es un denunciante protegido?
Según el
proyecto, se considera denunciante protegido a cualquier persona que proporciona información de utilidad y comprobable a las autoridades sobre la comisión y/o planificación de los delitos anteriormente mencionados.
El denunciante solicita mantener en secreto su identidad para evitar represalias. De este modo, su identidad se vuelve confidencial desde el primer momento que presenta la denuncia hasta que alguna autorización judicial excepcional o debidamente motivada, solicite lo contrario.
¿Cómo denunciar?
Las denuncias pueden realizarse, según las siguientes modalidades:
a) Acercándose personalmente a las fiscalías o comisarías habilitadas.
b) A través de plataformas digitales del Ministerio Público o de la Policía Nacional del Perú.
Asimismo, toda denuncia presentada será evaluada dentro de los 5 días hábiles siguientes, a fin de una corroboración de la misma.
Las denuncias falsas y sin fundamento serán indicadas en un registro confidencial. Es así que tres denuncias falsas hechas en un mismo año por una misma persona, ocasionará la eliminación de la figura del denunciante protegido.
De aprobarse la norma, el Ministerio del Interior junto con el Ministerio Público, la implementará en un plazo no mayor a 60 días calendario.
Proyecto que protege a emprendedores y comerciantes
Por otro lado, el congresista Jorge Flores Ancachi, del grupo parlamentario Podemos Perú, presentó el
Proyecto de Ley N° 11366/2024-CR que propone establecer medidas de protección a emprendedores y comerciantes contra la extorsión.
¿De qué trata?
Esta iniciativa pretende brindar apoyo financiero y sanciones penales para garantizar la seguridad de los emprendedores y comerciantes frente a la extorsión y el crimen organizado que enfrenta en país.
Además, según el autor, este proyecto de ley se aplicará a todos los comerciantes y emprendedores formales e informales en el territorio nacional que sean víctimas de extorsión, amenazas o violencia por parte de organizaciones criminales.
Entre los motivos expuestos por Ancachi, se resalta que la extorsión es una de las principales amenazas al desarrollo económico y a la seguridad ciudadana. En adición a ello, los negocios se han convertido en un blanco frecuente de ataques, lo cual obstaculiza la inversión y la estabilidad empresarial.
¿Cómo se implementará?
Para llevar a cabo estas medidas, se creará la Unidad de Protección Empresarial (UPE), la cual estará adscrita al Ministerio del Interior, encargada de brindar resguardo y asesoría a empresarios y comerciantes extorsionados.
De crearse, la UPE tendrá las siguiente funciones:
- Brindar protección policial inmediata a comerciantes en riesgo.
- Establecer un protocolo de respuesta rápida en casos de extorsión.
- Ofrecer asesoría legal gratuita a empresarios víctimas de amenazas.
- Coordinar con las fuerzas de seguridad la desarticulación de redes de extorsión.
Asimismo, se creará el Fondo Nacional de Seguridad Empresarial (FNSE), el cual será administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas, destinado a brindar ayuda económica a pequeños empresarios afectados por la extorsión.
Este fondo permitirá:
- Préstamos sin intereses a empresarios que hayan sufrido pérdidas por extorsión.
- Subsidios parciales para la recuperación de negocios afectados por crimen organizado.
- Incentivos para la instalación de sistemas de seguridad en zonas de alto riesgo.
Asimismo, se procederá a establecer que cualquier funcionario público que colabore con mafias extorsivas, será sancionado con cadena perpetua bajo el delito de alta traición al Estado.
De esta manera, los funcionarios públicos que sean condenados por colusión con extorsionadores serán inhabilitados de por vida para ejercer algún cargo público y cualquier actividad en el sector privado que se relacione con el rubro de seguridad o comercio.
De aprobarse el proyecto de ley del congresista Flores Ancachi, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía y Finanzas deberán reglamentar la creación de la UPE y del FNSE en un plazo máximo de 90 días a partir de su promulgación.
Respecto a la ley, deberá entrar en vigencia una vez sea publicada en el Diario Oficial El Peruano.
(FIN) ETA/CVC
JRA
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Published: 6/2/2025