La Quinta Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Lima Centro, liderada por el fiscal Luis Torres Tapia, participó en la intervención realizada en el grifo Coesti, junto con representantes del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
El fiscal Luis Torres Tapia explicó que el operativo busca reducir riesgos vinculados a delitos económicos en la comercialización de combustibles.
“Lo cierto es que ha sido para reducir riesgos en tipos penales como la especulación y el acaparamiento. El trabajo esencialmente ha buscado la coincidencia entre la oferta y el precio, entre lo que se dispensa y entre las boletas mismas”, señaló a los medios de comunicación.
Durante la diligencia se revisó información proporcionada por la administración del establecimiento, así como el sistema de telemetría y los comprobantes de venta, a fin de verificar que exista correspondencia entre el precio exhibido al público, el registrado en el sistema y el combustible efectivamente expendido.
El representante del Ministerio Público indicó que también se revisó el historial reciente de precios para determinar posibles variaciones. “Ha habido variaciones, pero son mínimas”, precisó.
Asimismo, explicó que en contextos de emergencia los incrementos de precios deben responder a una estructura real de costos. “Si es que hubiera algún incremento en costos, el mismo tiene que obedecer a una real estructura de costos y no distorsionar el funcionamiento del mercado”, afirmó.
Verificación de existencias
Como parte del operativo, especialistas de Osinergmin realizaron la verificación de existencias en los tanques del establecimiento mediante el procedimiento de varillaje.
El vocero de la entidad, ingeniero Jorge León Cubas, explicó que esta técnica permite comprobar el nivel de combustible almacenado. “El tema del varillaje o la verificación de geometría es para ver las existencias. En este caso se verificaron existencias de gasolinas premium y de diésel. No lo mismo de GLP y tampoco existe contenido de regular”, detalló.
El funcionario también indicó que los precios exhibidos coincidían con la información reportada en los sistemas oficiales. “Se ha constatado la coincidencia del precio que se publica en Facilito, los precios que nos publican a través del sistema y lo que se verifica también en los comprobantes de venta”, señaló.
Respecto al abastecimiento, León Cubas explicó que no existe desabastecimiento en las plantas, pero sí se presentan dificultades logísticas. “Entendemos que no hay desabastecimiento de las plantas. Lo que hay son dificultades en el transporte, algunas demoras para abastecer”, comentó.
Asimismo, indicó que los operativos se han intensificado en los últimos días. “El día de hoy hemos hecho ocho operativos en conjunto con la Fiscalía, Indecopi y Osinergmin, pero ya llevamos cerca de 40 establecimientos visitados desde el día sábado”, informó.
Control de información al consumidor
Por su parte, el representante de la Dirección de Fiscalización del Indecopi, Dante Herrero, explicó que la labor de la institución se centra en verificar que la información brindada a los consumidores sea correcta.
“Estamos verificando la correcta entrega de los comprobantes de pago y que el precio que figura ahí sea el que realmente esté en las boletas de venta o en las facturas que se expiden”, señaló.
Indicó además que los paneles informativos de los grifos deben mostrar información exacta sobre los combustibles disponibles. “Es importante que la información que se revela en el tótem sea exacta y que se condiga con el servicio que efectivamente puede brindar el establecimiento”, sostuvo.
En caso de detectarse información incorrecta o que induzca a error al consumidor, se podrían aplicar sanciones conforme al Código de Protección y Defensa del Consumidor.
“Por brindar información incorrecta sería una infracción de naturaleza de protección del consumidor. El Código de Protección del Consumidor establece una sanción de hasta 450 UIT”, explicó.
Herrero agregó que hasta el momento no se han impuesto sanciones en este caso, ya que las investigaciones aún se encuentran en curso. “De momento no. Las investigaciones vienen revisándose desde el 6 de marzo”, indicó.
Las autoridades informaron que este tipo de operativos continuará realizándose en distintos establecimientos de Lima y otras regiones del país con el objetivo de garantizar la transparencia en la comercialización de combustibles y proteger a los consumidores.