La expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma Narváez, resaltó la importancia de la ética e integridad en las entidades públicas, las que deben estar dirigidas por autoridades íntegras para consolidar una sociedad democrática o vinculada a un Estado de Derecho.
“Estas variables son peldaños que tienen que estar interconectados para sostener realmente una sociedad democrática sana, la cual no sería posible si es que sus autoridades no están imbuidas del factor integridad”, señaló.
Cabe indicar que estas afirmaciones las hizo durante el curso “Ética integridad y prevención de la corrupción en el Poder Judicial”, promovido por la Unidad de Integridad de la institución, dirigido a juezas y jueces de todos los niveles, así como a servidoras y servidores jurisdiccionales.
Sobre la ética, la letrada señaló que significa una guía para actuar con justicia y compasión, e incluso cuando no se obtiene algún beneficio personal ni recompensas.
“La ética comienza en tus decisiones y termina en cómo tratas a los demás, nos permite saber elegir, tener coherencia en la vida, en lo que se piensa, en lo que se dice y en lo que se hace, saber convivir con los demás, generando confianza, porque sin ella no hay comunidad”, señaló.
Confianza
Asimismo, la exmagistrada sostuvo que la integridad es una cualidad para actuar, incluso cuando nadie nos observa, de manera correcta, la cual está asociada con la honestidad, la rectitud y la coherencia.
Consideró, además, que este valor, en el ámbito de la función pública, implica actuar éticamente, alineada a los valores, las decisiones y las acciones en las que se desarrolla la función de la o el servidor estatal.
“Es un valor importantísimo, fundamental, que dignifica la labor de juezas y jueces, como en las y los operadores judiciales, lo que fortalece la confianza de la ciudadanía en las instituciones, en sus líderes y en sus funcionarios”, expresó.
La constitucionalista resaltó, a su vez, que la justicia es un principio que tiene como eje la imparcialidad, entendida como un trato equitativo que se da sin distinción, discriminación ni sesgo, a todas las partes procesales por igual, respetando la dignidad de las personas.
Aclaró, sin embargo, que la justicia no solo es la respuesta pronta e imparcial, que es lo que se espera, sino un comportamiento ético para evitar impunidad o levantarse contra situaciones injustas.
“La justicia también nos debe llevar a prevenir fraudes, abusos de poder, cuestionar situaciones irregulares y a no tener una posición pasiva frente a situaciones que se desbordan”, sostuvo.
De otro lado, la expositora señaló que lo fundamental en la función pública es que esta debe estar asociada a mejorar el servicio y ser eficiente en el manejo de los recursos que nos brinda el Estado.
Recalcó que juezas y jueces no solo dirigen los procesos con una serie de garantías, con protección de derechos fundamentales, sino que dictan sentencias con imparcialidad, con el apoyo fundamental de las y los servidores jurisdiccionales.
(FIN) NDP/JCC
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Publicado: 1/5/2026