La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) reafirmó su compromiso de proteger a usuarios y operadores del transporte público ante los recientes atentados de bandas extorsionadoras, y señaló que trabaja de manera coordinada con la Policía Nacional, la Fiscalía y otras entidades para investigar estos hechos, además de brindar acompañamiento legal a choferes, cobradores y empresarios afectados.
Durante su participación en un grupo de trabajo instalado para analizar la situación que vive el transporte público en la capital, organizado por la Región Policial Lima, el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, dio a conocer las acciones tomadas por la entidad, que incluyen el endurecimiento de la fiscalización del transporte ilegal, el internamiento de unidades en los depósitos y la formalización del transporte urbano.
Hernández enfatizó que se ha incrementado la cantidad de personal a cargo de los operativos de fiscalización, así como el alquiler de grúas y depósitos. Todo esto ha permitido que, en la actualidad, más de 9 000 vehículos se encuentren internados en 14 depósitos, unidades que representaban un riesgo para las personas que las utilizaban.
Destacó el proceso de formalización del transporte urbano emprendido, que ha permitido otorgar títulos habilitantes —autorizaciones— por cinco años, algo que no ocurría desde hace aproximadamente 21 años. Esto brinda seguridad jurídica a los empresarios del sector, les permite proyectar sus inversiones —como la adquisición de buses— y frena el modelo comisionista-afiliador, propio de un régimen informal e ilegal.
En otro momento, el presidente ejecutivo de la ATU expresó que la institución ha brindado soporte y acompañamiento a empresas de transporte convencional en la formulación y tramitación de denuncias por extorsión. Adicionalmente, ha apoyado las investigaciones de la PNP y de la Fiscalía, proporcionando toda la información que estas dependencias requerían.
Hernández propuso la implementación de un modelo de chatarreo que permita desocupar los depósitos de unidades que jamás serán retiradas por sus propietarios. Para ello, solicitó el apoyo del Congreso de la República.
El grupo de trabajo instalado para analizar la situación del transporte público en la capital fue organizado por el jefe de la Región Policial Lima, general PNP Enrique Felipe Monroy, y contó con la participación de importantes autoridades como Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada; el coronel Víctor Revoredo Farfán, jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri; y Marco Aguirre Valencia, vocero de los transportistas.
También asistieron representantes del Ministerio del Interior (Mininter), de la Sucamec, de Osiptel, de Ositran, de la Sunat, de los autos colectivos y de los mototaxistas, entre otros.
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