Asimismo, indicó que entre los años 2009 y 2017, se registró un total de 5,707 denuncias fiscales por el delito de trata de personas a escala nacional. Estas denuncias involucraron a 7,463 presuntas víctimas, de las cuales el 80% son mujeres y el 50% son menores de edad.
Respecto a la procedencia de las víctimas, el documento precisa que en la región Loreto el 100% de las víctimas proceden de la misma región, aunque son explotadas tanto en este departamento como en Lima y otras ciudades costeras. En tanto, en Madre de Dios, casi el 90% de las víctimas proceden de otras regiones, principalmente de Cusco (33%).
Sobre la situación de las víctimas de trata de personas, el informe detalló que estas personas presentan necesidades económicas (68%) y problemas con el entorno familiar (59%), como ausencia o vínculo débil con uno de los padres biológicos, adoptivos, enfermos o fallecidos, así como problemas con el alcohol y drogas, entre otros.
“Estos factores de vulnerabilidad son aprovechados por los tratantes de personas, quienes predisponen a las víctimas a sufrir más perjuicios que van, desde el daño físico y psicológico, hasta la muerte. Esto explica, en parte, los estilos de vida antisociales de las víctimas e incluso que algunas de ellas adopten el rol de tratante de personas”, explicó.
Modalidades de captación
En relación a las
modalidades de captación de las víctimas, el
documento citó a las ofertas de trabajo (27% del total), así como el convencimiento de conocidos, amigos o familiares (25%).
Por su parte, las redes sociales fueron utilizadas en la captación de víctimas, según el 22% de las denuncias de explotación sexual y en el 40% de las denuncias de trata de personas con fines de venta de menores.
Sentencias y denuncias archivadas
El reporte puntualizó que, en el ámbito nacional, aproximadamente el 60% de las denuncias ingresadas por delito de trata de personas entre los años 2015 y 2016 fueron archivadas. Sin embargo, sumaron 48 casos que concluyeron en sentencias, siendo la mayoría tramitadas por las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas de Lima, Madre de Dios y Puno.
Del mismo modo dio a conocer que, al 31 de diciembre de 2017, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) registró a escala nacional 90 personas privadas de su libertad sentenciadas por delito de trata de personas.
Con ello se estima un índice de eficacia del Sistema de Justicia Penal (relación entre sentencias con pena de cárcel ejecutoriadas por dicho delito sobre las denuncias registradas a escala nacional cada año) de entre 1% a 2% en los últimos años.
El Ministerio Público recordó que desde el año 2014 ha implementado nueve Fiscalías Especializadas en Delito de Trata de Personas y cuenta con indicadores conforme a las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC).
Criminalidad organizada
El informe del Ministerio Público sostiene que, como actividad criminal, la trata de personas se vincula a la expansión de la criminalidad organizada.
En ese sentido refirió que, desde su creación, la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada ha desarrollado investigaciones de mayor complejidad en 33 casos de trata de personas y pornografía infantil, en el marco de la Ley N° 30077-Ley contra el Crimen Organizado.
Argumentó que la trata de personas como actividad criminal implica un modelo de negocio que involucra delitos conexos, en particular contra la libertad sexual de las personas. En consecuencia, refirió que en el 46% de las denuncias registradas en la Fiscalía Especializada en Delito de Trata de Personas de Loreto, se identificaron delitos como el favorecimiento a la prostitución, entre otros.
El Ministerio Público encontró también relación entre la investigación de este delito y los mercados ilícitos internacionales. Al respecto, se estimó que entre el 5% y 10% de las presuntas víctimas en denuncias por trata de personas provienen del extranjero, principalmente de Colombia, Ecuador, China y República Dominicana.
También se han identificado como destinos los países de Argentina, Chile y Corea del Sur, casos que según el Ministerio Público requieren de mayor logística, traductores y coordinación internacional para su investigación.
(FIN) LZD/MAO
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