El Ministerio del Interior (Mininter), a través de la Dirección General de Seguridad Democrática (DGSC), impulsó la aprobación del Plan Regional contra la Trata de Personas 2018-2021 de la región La Libertad, con el fin de optimizar y guiar las acciones desde el Estado y articularlas con la sociedad civil.
Este importante instrumento, que guiará las políticas públicas y acciones policiales contra el delito denominado la “esclavitud del siglo XXI” en dicha región norteña, fue aprobado el 4 de abril por el Gobierno Regional de La Libertad mediante una resolución ejecutiva que fue firmada por el gobernador Luis Valdez Farías.
El director general de la DGSC, Miguel Huerta Barrón, resaltó que este plan fue elaborado por la Comisión Regional Contra la Trata de Personas de la Libertad, y contó con la asistencia técnica y metodológica que se está realizando a los integrantes de las mesas, redes o comisiones regionales para la elaboración de sus planes.
“Estas instancias regionales están integradas por funcionarios de diversas instituciones del Estado, la Policía Nacional del Perú y organizaciones de la sociedad civil. Con ellos se realizan jornadas intensas de trabajo”, explicó.
El documento tiene
cuatro ejes: gobernanza institucional; prevención y sensibilización; atención, protección y reintegración; y fiscalización y persecución del delito. Estos cuentan con objetivos y metas alineadas al
Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021.
Una de las propuestas al 2021 indica que al menos el 70% de las entidades conformantes de la Comisión Regional para la lucha contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de La Libertad, implementen actividades de empoderamiento o de derechos dirigido a grupos en situación de riesgo.
Asimismo, en el plan se plantea que el 90% de las víctimas de trata de personas que se acojan a los servicios especializados cuenten con un protocolo de integración y reintegración individual y el 100% sean atendidas desde su rescate hasta su ingreso a los centros de acogida.
En cuanto al asesoramiento legal y la acción policial, la meta es que el 100% de víctimas cuenten con un abogado(a) asignado y que el 60% de los operativos se ejecuten con la participación de la Fiscalía Especializada en Trata de Personas.
Para el cumplimiento del Plan Regional de La Libertad, el cual fue elaborado durante el 2017 en diversos talleres, la Dirección General de Seguridad Democrática continuará asesorando a la Red Regional contra la Trata de Personas.
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