El Gobierno prorrogó por treinta días calendario, a partir el 11 de octubre del 2024, el estado de emergencia en las provincias de Virú, Pataz y Trujillo, en el departamento de La Libertad, periodo en el que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas.
Durante la prórroga en las tres provincias liberteñas se aplicará lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 137 de la Constitución Política en lo que concierne a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
La intervención de las fuerzas del orden se efectuará conforme al D. Leg. 1186, que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional; en el Título II del D. Leg. 1095, que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y su Reglamento; así como en el “Protocolo de actuación conjunta del Estado para la articulación de servicios en contextos de detención, retención e intervención policial a mujeres y personas en condición de vulnerabilidad”.
Informe de acciones desplegadas
El Ministerio del Interior (Mininter) articula y gestiona, a favor de la Policía Nacional, las medidas que sean requeridas con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia Nacional de Migraciones, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, el Gobierno Regional de La Libertad y gobiernos locales.
Al término del estado de emergencia prorrogado en Virú, Pataz y Trujillo, en un plazo de cinco días hábiles posteriores, la Policía Nacional deberá presentar al titular del Mininter, un informe detallado de las acciones desplegadas durante la prórroga del régimen de excepción y los resultados obtenidos.
La implementación de las acciones previstas se financia con cargo al presupuesto institucional asignado a los pliegos involucrados, y a las asignaciones de recursos adicionales autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Los tres decretos supremos llevan la firma de la presidenta Dina Boluarte y son refrendados por el presidente del Consejo de Ministros, los ministros del Interior, de Defensa y de Justicia y Derechos Humanos.
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