Indecopi realiza una auditoría contable en 250 colegios privados a fin de verificar si es veraz y si está sustentada con documentos la información de sus gastos proporcionada a los padres de familia mediante declaraciones juradas.
En diálogo con la agencia Andina, la presidenta del consejo directivo de Indecopi, Hania Pérez de Cuéllar, informó que se trata de una supervisión de oficio que se enmarca en el Plan Anual de Fiscalización 2020 y cuyos resultados serán dados a conocer aproximadamente a mediados de marzo.
"Durante todo el año monitoreamos comportamientos sistémicos, es decir que no haya discriminación, que el libro de reclamaciones funcione, entre otros muchos temas. En el sector escolar, como hubo un nivel de conflictividad con el cambio de presencial a virtual, la Comisión de Protección al Consumidor, adicionalmente al monitoreo en los colegios, pidió abrir una fiscalización de oficio para ver si son veraces las declaraciones juradas que entregan a los padres de familia".
Decreto Legislativo
De acuerdo con dicha norma, los colegios privados están obligados a informar a los padres -vía una declaración jurada-sobre los costos de las prestaciones que brindaban de manera presencial y cuáles de éstas ya no son brindadas en el servicio virtual a causa del covid-19.
La finalidad, agregaba el decreto, es que las familias puedan tomar decisiones respecto al servicio educativo y realizar una elección adecuada sobre permanecer o no en el colegio. Además, se prohibió a las instituciones educativas privadas cobrar por el servicio presencial que no brindan por la emergencia sanitaria.
En caso de resolución del contrato, procedía la devolución de la cuota de matrícula, de la cuota de ingreso y de las pensiones canceladas, de manera proporcional al tiempo de permanencia del estudiante.
De acuerdo con Hania Pérez de Cuéllar, a raíz de la conflictividad que se generó por el cambio de modalidad -de presencial a virtual- Indecopi tomó una muestra de 250 colegios privados en todo el país.
"Esta gestión está muy comprometida en fortalecer su capacidad fiscalizadora y monitoreadora. En el caso de los colegios, estamos trabajando muy de la mano con el Ministerio de Educación", mencionó la titular del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.
¿Multas o medidas correctivas?
Pérez de Cuéllar precisó que no se trata "ni por asomo" de regular precios ni cuestionar la estructura de costos de los colegios, sino de verificar que lo manifestado en las declaraciones juradas tenga sustento contable.
"La declaración jurada plantea la estructura de costos, es decir cuáles son los gastos en los que incurren para poder justificar el monto cobrado como pensión. No cuestionamos si los costos son correctos o no, sino que lo declarado esté sustentado. Por ejemplo, si el gasto en agua potable es 200 soles, veremos si ese monto está sustentado con documentos".
Tras levantarse la información, la Comisión de Protección al Consumidor N°3 (CC3) del Indecopi evaluará si se toman medidas sancionadoras, multas o medidas correctivas. "Ese resultado se tendrá en marzo", apuntó la titular del organismo.
Más en Andina:
(FIN) RRC
JRA