El Gobierno presentó al Congreso de la República un proyecto de ley en el que solicita facultades para legislar en diversas materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por el Covid-19.
El proyecto de ley 4895/2020-PE, establece que el Poder Ejecutivo tendrá la facultad de legislar por el término de 60 días calendario, contados a partir de la vigencia de la norma, sobre diversas materias económicas, entre ellas medidas para incentivar la inversión pública.
Entre estas iniciativas, el Ejecutivo propone prorrogar los títulos habilitantes que tengan vigencia temporal, que habiliten al administrado ejecutar inversiones. Asimismo, establece la continuidad en la evaluación de procedimientos administrativos y mecanismos virtuales para la atención de dichos procedimientos.
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Del mismo modo, el Gobierno establecerá mecanismos alternativos de participación ciudadana vinculada a la realización de actos públicos en el marco de procedimientos ambientales.
En lo que se refiere a la simplificación y promoción de la ejecución de inversiones públicas, el Poder Ejecutivo solicitó la delegación de facultades legislativas para optimizar la ejecución de las inversiones a través de la promoción y participación contratada del sector privado en ejecución de proyectos públicos.
En un esquema similar a la ejecución del Convenio de Administración de Recursos, se entregaría la ejecución integral del proyecto. Es decir, el sector privado recibiría un proyecto viable y devolvería al Estado un servicio funcionando.
Esto evitaría los costos administrativos propios, la diversidad de procesos, eliminaría el incentivo a ampliaciones de plazo y permitiría el empleo de contratos modernos que incentiven el cumplimiento más que castiguen el incumplimiento.
De esta manera, refiere el proyecto de Ley, se ayudaría a generar un mercado privado de servicios que impactaría en positivamente en la economía.
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