La Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad inició una investigación preliminar contra Alejandra Argumedo por el presunto delito de discriminación tras haber realizado comentarios racistas en agravio de pasajeros en un bus del Metropolitano.
Según la indagación del fiscal provincial Roger Yana Yanqui, la investigada, quien también es creadora de contenido en redes sociales, utilizó expresiones discriminatorias contra los pasajeros del vehículo de transporte público, así como insultos e incluso agresiones físicas.
Por esta razón, indica la Fiscalía, se ha dispuesto solicitar a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) un informe sobre la incidencia ocurrida y las acciones tomadas frente al suceso.
La magistrada también demandó una inspección técnico-policial a la unidad vehicular para visualizar los registros de las cámaras de videovigilancia, así como la toma de declaración de la implicada y los usuarios agraviados.
Igualmente se ordenó la recolección de los antecedentes penales y policiales de Argumedo y se encargó a la Unidad Médico Legal de Lima efectuar una evaluación psicológica a la investigada, así como el cumplimiento de otras diligencias urgentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos.
En la víspera, tras difundirse el video en redes sociales, la Defensoría del Pueblo pidió al Ministerio Público actuar de oficio frente a este presunto caso de racismo en el Metropolitano.
"Hemos pedido a la Fiscalía que pueda intervenir de oficio, tomar nota y empezar a hacer las diligencias para identificar a las personas involucradas, tanto a las agresoras como a las víctimas”, remarcó Carlos Fernández, adjunto de Derechos Humanos, al resaltar que la existencia del video es clave para respaldar las investigaciones.
Hasta el año pasado, comentó Fernández, se registraron cerca de 5,000 casos de discriminación, de los cuales el 38 % corresponden a Lima Metropolitana. Estas cifras, señaló, reflejan la magnitud del problema y la necesidad de dar un seguimiento permanente para que se apliquen las sanciones correspondientes.
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