El titular del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, expresó el rechazo tajante del Ejecutivo contra las acciones desarrolladas esta mañana por el Ministerio Público en el marco de una investigación, con las que se estaría poniendo al lado del desgobierno y en contra de la institucionalidad.
Este fue el mensaje realizado a través de un pronunciamiento conjunto de los ministros de Estado, realizado en Palacio de Gobierno, tras la medida fiscal que se constituye como "agraviante del orden constitucional y que afecta la gobernabilidad y la democracia en nuestro país".
"El Ejecutivo en pleno rechaza tajantemente este abuso de poder que se realiza desde el Ministerio Público que, con estas acciones, se está poniendo desde el lado del desgobierno, en contra de la Constitución, la democracia del Estado de Derecho y de la institucionalidad, situación que como peruanos, no debemos permitir", dijo.
Asimismo, refirió que "estos intentos de desestabilización no detendrán nuestro trabajo para lograr un país más justo, desarrollado y democrático".
Además, mencionó que el derecho a la inviolabilidad del domicilio se encuentra protegido por la Constitución y nuestro Código Penal, como en numerosos países, "en tanto su vulneración afecta directamente la intimidad y la seguridad de las personas".
"El allanamiento, como acto procesal que faculta el ingreso forzoso y legítimo a un inmueble, constituye una excepción a dicho derecho fundamental", refirió.
"A la luz de la medida de allanamiento solicitada por el Ministerio Público y autorizada por el Poder Judicial contra un miembro de la familia de la señora presidenta de la república —y de similares acciones tomadas desmedidamente contra ministros de Estado, políticos y ciudadanos—, se advierte un uso desproporcionado de una medida excepcional, lo que trae consigo una seria afectación de derechos fundamentales amparados por la Constitución", agregó.
De igual modo, indicó que en la aplicación excesiva de estas medidas excepcionales, que restringen derechos y libertades de los ciudadanos, se muestran errores jurídicos inadmisibles, como la utilización de figuras inexistentes en nuestro ordenamiento, tal es el caso del denominado "tercero vinculado".
"Luego de emitida la resolución del Tribunal Constitucional que interpreta el artículo 117 de la Constitución, se ejecutan este tipo de acciones, que solo buscan desestabilizar al país, politizar la justicia y hacer uso de ella como un arma de venganza política que hace mucho daño a la institucionalidad, y que permitiría perseguir a los funcionarios públicos, a los políticos y sus familias", añadió.
(FIN) JCC/JCR
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Published: 8/27/2025