Efectivos de la Policía Nacional, en compañía del Ministerio Público, intervinieron esta madrugada a los integrantes de una organización criminal acusada de cobrar altas sumas de dinero a cambio de la asignación de camas UCI en el hospital Guillermo Almenara de EsSalud.
El megaoperativo contra "Los Ángeles Negros" se desarrolló en La Molina, San Miguel, Magdalena y Breña, donde las autoridades han intervenido distintos inmuebles y han detenido hasta el momento a nueve personas, entre ellos Pedro Pino Gonzales y Nery Ochoa Menacho, administrativos del hospital.
El fiscal anticorrupción Reynaldo Abia, quien dirige la acción, informó a los periodistas que los intervenidos habrían cobrado S/. 82,000 a familiares de pacientes covid-19 para alterar el turno de espera y darles prioridad en el acceso a una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos del citado nosocomio. Hasta el momento, se ha encontrado cuatro transacciones ilegales de este tipo.
“Se ha logrado verificar que este hecho no es aislado, pues ya habíamos tenido otra denuncia anterior en este mismo nosocomio. Gracias a los ciudadanos que han denunciado este hecho, se han verificado comunicaciones vía WhatsApp e incluso el ingreso de equipos de bioseguridad de manera irregular”.
Según las primeras indagaciones, funcionarios y el personal administrativo del nosocomio habría involucrado en estas operaciones ilegales a sus familiares directos, quienes recibían el dinero entregado por la coima. No obstante, la cantidad de involucrados sería mucho mayor, incluso hay indicios de la participación de algunos médicos, agregó el fiscal.
Otro de los detenidos es la tesorera de la ONG Donantes de Esperanza, Ana Aróstegui Girano. Las autoridades incautaron también tres laptops, 11 celulares, dos dispositivos USB, dos tarjetas de crédito, así como vouchers, dinero en efectivo y otros elementos que contribuirán con las investigaciones.
Tanto Pino Gonzales como Nery Ochoa Menacho ya habían sido separados de sus cargos por la entidad de salud, en el marco de las investigaciones conjuntas; tienen mandato de detención preliminar de siete días, mientras continúan siendo investigados por los delitos de tráfico de influencias y delito contra la administración pública, bajo la modalidad de cohecho pasivo propio.
En el operativo, que aún está en desarrollo, participa personal de la de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Inteligencia, en coordinación con la .
La operación contó con la participación de 114 policías integrantes de la Dirección contra la Corrupción y 10 fiscales de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, así como personal de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) del Ministerio del Interior.
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(FIN) SRE/RRC
Published: 7/21/2021