La Contraloría General de la República, a través del Órgano de Control de la Municipalidad Provincial de Celendín, ubicado en el departamento de Cajamarca, realizó una acción simultánea a las contrataciones del personal que se encontraban laborando de enero a mayo del 2018, evidenciando riesgos que vulneran la normativa legal vigente.
Los hechos se encuentran detallados en la
Acción Simultánea N°005-2018-OCI/0370-AS y fueron notificados a la autoridad edil, para que valore los hechos advertidos y disponga las medidas correctivas pertinentes.
Asimismo, el informe se encuentra publicado en el portal institucional
www.contraloria.gob.pe, conforme lo dispone la
nueva Ley de Fortalecimiento de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control, en aras de la transparencia y el acceso a la información.
Riesgos detectados
Según el
documento de la
Contraloría, el personal de la Unidad de Tesorería de la entidad Municipal emitió comprobantes de pago por un aproximado de 85,147.42 soles, a fin de efectuar el pago a 42 personas que se desempeñan en cargos de apoyo de desarrollo social, limpieza, chofer, entre otros, pese a que no cuentan con un contrato ni con órdenes de servicio, desempeñando funciones de subordinación y registrando asistencia.
Estos hechos contravienen lo establecido en el artículo N° 24, de la Directiva de Tesorería, que señala que el pago de obligaciones de gastos no personales debe efectuarse mediante abonos en cuentas bancarias individuales, precisa la Contraloría.
Asimismo, se vulnera el artículo N°30 de la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, que indica la prohibición del giro de cheques a nombre del personal de la institución, debido a que genera el riesgo de que los trabajadores soliciten indemnización por beneficios sociales, generando un posible perjuicio económico a la entidad.
La Contraloría también detectó que 13 trabajadores de la Municipalidad Provincial de Celendín fueron contratados bajo la modalidad de Locación de Servicios, pese a que se desempeñan labores de naturaleza permanente, bajo subordinación y que requieren el cumpliendo de una jornada completa de trabajo. Ello genera el riesgo de que la entidad afronte procesos judiciales por reincorporación laboral, indemnizaciones por beneficios sociales, entre otros.
“La entidad contrató a personal bajo la modalidad de locación de servicios, sin que haya estado inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, inobservando la normativa de contrataciones del Estado que establece en el artículo N°20, que se encuentra prohibido fraccionar la contratación de bienes, servicios u obras con la finalidad de evitar el tipo de procedimiento de selección que corresponda según la necesidad anual”, detalló la Contraloría.
La Contraloría General de la República reafirmó su labor de control a fin de promover un desarrollo de labor eficaz y eficiente en las contrataciones de bienes, servicios y obras en beneficio de la ciudadanía.
(FIN) NDP/LZD