11:37 | Guatemala, mar. 3.
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, abordó el tema de la pérdida de dominio con la representante de la fiscal general del Ministerio Público de Guatemala, Mayra Veliz, con quien intercambió experiencias sobre ese proceso que se aplica en ambas naciones.
La reunión, desarrollada en la sede de la fiscalía guatemalteca, permitió al titular del Ministerio Público tener alcances sobre la implementación y aplicación de la Ley de Extinción de Dominio en Guatemala.
La cita se realizó con miras a evaluar la posible introducción de aspectos de dicha legislación en el proyecto que pretende la designación de fiscales dedicados a los casos de pérdida de dominio dentro de las fiscalías de lavado de activos, que viene estudiando el Ministerio Público peruano.
“Está experiencia nos permite también que ingresemos a una etapa de evaluación de reforma de nuestra legislación en esta materia. Debe tenerse en cuenta que este procedimiento busca atacar al crimen organizado afectando sus bienes”, informó la Fiscalía de la Nación.
Labor fiscal
Por su parte,
Pablo Sánchez sostuvo que la labor fiscal es muy importante para inmovilizar los bienes de personas que han cometidos actos ilícitos en agravio del Estado.
Sánchez Velarde también sostuvo una conversación con los fiscales especializados en dicha unidad donde se expuso los beneficios de la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio y las ventajas en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción que viene dándose en dicho país.
Además se evaluó los logros y retos en el proceso de extinción de dominio y la perspectiva de la investigación fiscal en esa materia.
La reunión con los representantes del Ministerio Público de Guatemala marcó el segundo y último día de actividades oficiales de Sánchez Velarde en el país centroamericano.
Ayer sostuvo una importante reunión con el presidente de la Corte Suprema, José Antonio Pineda Bardales, con quien también abordó temas referidos a la aplicación de la Ley de Pérdida de Dominio en ese país.
La Ley de Pérdida de Dominio, que fue promulgada en Perú en abril del 2012, está orientada a atacar el patrimonio de los criminales financieros. La norma permite al Estado que pasen a su nombre las cuentas o bienes que los criminales no pueden acreditar, y así estos puedan ser utilizados en servicios sociales y proyectos.
(FIN) NDP/SMA
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Publicado: 3/3/2018