Las labores de supervisión de la Contraloría permitieron detectar que más de 1,100 funcionarios y servidores públicos fueron beneficiados con la entrega de canastas básicas de víveres dirigidas a familias en condiciones vulnerables por la emergencia sanitaria del covid-19, informó su titular, Nelson Shack.
“A pesar que algunos de estos funcionarios ganan más de 8,000 soles, han recibido canastas de víveres, evidentemente eso es parte del control posterior que vamos a realizar apenas concluya la cuarentena", dijo durante su participación en la sesión virtual de la Comisión de Fiscalización del Congreso.
El hallazgo, subrayó, fue detectado gracias a la implementación de la plataforma “Transparencia en el marco de la Emergencia Sanitaria Covid-19”, la cual ha permitido realizar un seguimiento a la adquisición y distribución de las canastas, así como el registro de más de un millón de beneficiarios.
En su intervención ante la comisión, Shack presentó el Plan de Control Integral a la Emergencia Sanitaria Covid-19 y las acciones que se están realizando en el marco de la emergencia.
Según explicó, en lo que va de este periodo se han emitido 800 informes de control por parte del máximo ente del Sistema Nacional de Control (SNC).
Parte de esos informes corresponden al operativo de supervisión realizado al proceso de adquisición y distribución de canastas de víveres para familias vulnerables, mediante el cual la Contraloría visitó 946 municipalidades y detectó deficiencias en distribución, almacenamiento, procesos de compra y en los productos recibidos.
El contralor refirió que desde abril del año pasado su institución ya no tiene capacidad sancionadora alguna, por lo que todos estos casos de inconducta funcional y corrupción que se están encontrando van a tener que ser canalizados por otras instancias.
Otras acciones
Como parte de este plan, mencionó que están en proceso la ejecución de servicios de control a instituciones como la Policía Nacional y la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), y luego la gestión de residuos sólidos biocontaminados, a cargo del Ministerio del Ambiente y gobiernos regionales; a los establecimientos penitenciarios y ferias itinerantes para venta de productos agrícolas que realiza el Ministerio de Agricultura.
En el caso de la ATU, mencionó que los servicios de control se centran en la limpieza y desinfección de unidades de transporte público, para lo cual recibió un presupuesto de 50 millones de soles.
En la primera visita, dijo, se pudo observar que las condiciones en que se realiza dicho servicio no son las adecuadas, por lo tanto no garantizarían que las unidades sean correctamente desinfectadas.
Asimismo, refirió que los auditores de la Contraloría, provistos de equipos de bioseguridad, supervisaron las áreas asignadas a la atención de pacientes con covid-19 en cerca de 100 hospitales y establecimientos de salud, en el marco del control concurrente a la emergencia sanitaria por la expansión de la pandemia.
“Entre los aspectos evaluados en los hospitales visitados se pudo constatar que el principal problema o carencia se centra en la cantidad de profesionales de la salud de cada establecimiento supervisado, con el fin de coadyuvar a la oportuna y adecuada atención de los pacientes sospechosos o confirmados”, comentó.
Precisó, además, que los auditores verificaron las áreas covid-19 de los hospitales, supervisando la capacidad de los hospitales y la prestación del servicio de salud en esta emergencia sanitaria.
En esa línea tomaron en cuenta siete aspectos el área de triaje, la implementación de salas de aislamiento, la disposición real de los profesionales de salud, la distribución de Equipos de Protección Personal (EPP) a los profesionales de la salud, las condiciones y protocolos de traslados de pacientes en ambulancias, la disponibilidad de equipamiento biomédico y el funcionamiento de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).
“Toda esa información va a revelar cuantitativamente la percepción que todos ustedes seguramente ya tienen por todo lo que acontece en el país. La situación que vimos hace casi dos meses no ha cambiado sustancialmente y por eso, en muchos casos y regiones, el sistema de salud está a punto de colapsar”, afirmó.
Iniciativas legislativas
Asimismo, recordó ante la comisión la necesidad de aprobar los dictámenes favorables del proyecto de ley N° 29622, cuyo objetivo es tipificar las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional en el marco de la potestad sancionadora de la Contraloría, la cual fue reconocida por el Tribunal Constitucional en su sentencia publicada el 26 de abril de 2019.
De igual forma, planteó aprobar una iniciativa legislativa para eliminar la figura de subcontratación en situaciones de emergencia, para lo cual, dijo, se debe impedir que el proveedor que resultó ganador de un proceso subcontrate a otro que participó en el mismo proceso competitivo.
Así, subrayó, se evita la monopolización de los bienes y servicios, y se preserva la libre competencia en aras de cautelar la eficiencia en los bienes o servicios contratados.
Shack Yalta también propuso prohibir la contratación de empresas que no tengan el giro de negocio de lo solicitado en los términos de referencia de cualquier proceso de adquisición pública.
“Sería importante establecer una prohibición en la Ley de Contrataciones para que las empresas que participen en cualquier proceso se encuentren dedicadas a actividades del rubro solicitado en los términos de referencia o requerimientos", refirió.
Ello, indicó, permitirá contar con empresas con experiencia y responsables para cumplir con la finalidad solicitada, evitando contratar, por ejemplo, para un servicio de desinfección de oficinas a una empresa que vende alimentos y bebidas.
(FIN) NDP/VVS/RMCH
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Publicado: 6/5/2020