La Comisión de Educación del Congreso aprobó por insistencia la ley que modifica el consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), desconociendo las observaciones formuladas al respecto por el Ejecutivo.
Según el
Reglamento del Congreso, en la sección referida al procedimiento legislativo, corresponde ahora que el dictamen pase el pleno del Parlamento, el cual definirá si lo aprueba o no.
Si se da lo primero (con el voto favorable de más de la mitad del número legal de parlamentarios) quedará listo para su promulgación por parte del Parlamento. Se es rechazada pasa al archivo.
Para el exdefensor del Pueblo, Walter Albán, quien había planteado que ningún congresista con conflictos de interés (vínculos con universidades) participe en el
debate del futuro de la Sunedu, estimó que si el pleno vota a favor de la insistencia se tendría que recurrir al sistema interamericano.
En su opinión, podría presentarse una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC); no obstante, expresó su visión crítica sobre dicha posibilidad.
"Este Congreso, con la elección de magistrados, ha tratado de asegurarse de tener los votos suficientes para impedir la inconstitucionalidad de cualquier ley que perpetren contra la Constitución. Frente a ello, habría que recorrer otro camino: un amparo ante el sistema interamericano", indicó.
Lo que plantea la insistencia
El dictamen de insistencia aprobado en la víspera por la Comisión de Educación propone la modificación del consejo directivo de la Sunedu, bajo el argumento de restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades.
Con ello, dicho consejo pasará de tener cinco a siete integrantes, compuesto por un representante del Ministerio de Educación, otro del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec).
Asimismo, un representante del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), del Consejo Nacional de Colegios Profesionales, dos de las universidades públicas, y uno de las casas de estudios privadas.
¿Quiénes votaron a favor de la insistencia?
Esdras Medina, Alex Paredes, Waldemar Cerrón, María Cordero Jon Tay, Paul Gutiérrez, Luis Cordero Jon Tay, José Jerí, Pedro Martínez, Tanía Ramirez y Edgar Tello.
Votaron en contra Karol Paredes, José Balcázar, Robert Chiabra, Diana Gonzales, Elva Julon y Ruth Luque. Además, el congresista Eduardo Castillo votó en abstención.
Debido a ello, el tema volvió a la Comisión de Educación, donde había sido inicialmente aprobado.
Para el Ejecutivo, al ser incorporados en la Sunedu tres rectores, representarían intereses directos de los sujetos regulados; es decir, de las universidades públicas y privadas, lo cual dañaría la imparcialidad objetiva de dicha institución.
También se afectaría el rol del Estado de garantizar la calidad de la educación superior, porque la Sunedu ya no tendría la potestad de aprobar o denegar las solicitudes de licenciamiento de facultades, escuelas y programas, lo cual significaría un detrimento del derecho constitucional de la población de acceder a una educación de calidad.
Además, sería inconstitucional, de acuerdo al TC, retornar al esquema organizacional de la desaparecida Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y del Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (Conafu).
Otra observación formulada por el Gobierno fue que retirar la rectoría del Ministerio de Educación dejaría acéfala a la Sunedu y sería contraproducente con la implementación de la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria.