El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, reafirmó que el Gobierno nacional es receptivo con las demandas de los distintos gremios que se movilizaron en el marco del paro convocado por un sector de transportistas, y garantizó la apertura del Ejecutivo para dialogar con cada uno de ellos, a fin de alcanzar consensos.
"Somos sensibles a los llamados que han hecho diferentes colectivos y gremios laborales. Estamos comprometidos a trabajar por la satisfacción de las demandas sociales que nos han sido expuestas. Reiteramos que desde el Ejecutivo las puertas están abiertas para continuar con el diálogo", indicó el jefe del Gabinete Ministerial.
En esa línea, Adrianzén informó que el 98 % de las movilizaciones se llevaron a cabo de manera pacífica durante la jornada de protesta, por lo cual saludó la conducta cívica de la mayoría de los ciudadanos que participaron en las marchas.
"El Gobierno de la presidenta Boluarte garantiza de manera absoluta el derecho a la protesta. Agradecemos que nuestro llamado a que las movilizaciones sean pacíficas haya calado en la población", añadió el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
También destacó la labor de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) que desplegaron 13 mil y 4 mil efectivos, respectivamente, quienes actuaron con absoluto respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales.
De otro lado, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, informó que el 100 % de la oferta de buses del Metropolitano y los corredores complementarios brindaron sus servicios con normalidad desde las primeras horas del día. Asimismo, señaló que alrededor del mediodía el 65 % de los buses transitaban en las rutas convencionales.
Por su parte, la viceministra de Trabajo, Yolanda Erazo, informó que de acuerdo con la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), más del 86 % de los trabajadores a nivel nacional acudieron a sus centros de labores. En Lima Metropolitana el porcentaje de asistencia superó el 83 %, mientras que en el Callao alcanzó el 90 %.
En tanto, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Teresa Hernández, rechazó la violencia verbal ejercida desde un programa de televisión contra la presidenta de la república, Dina Boluarte, en la cual se denigró su imagen como mujer. "No podemos permitir que una opinión en desacuerdo con la gestión del Gobierno se transforme en un ataque personal, dejando de lado el diálogo democrático", agregó.
Garantizan participación de la Defensa Pública en diligencias del Ministerio Público
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, dio a conocer que con la última modificación a la ley de crimen organizado se continúa garantizando la participación de la Defensa Pública en todas las diligencias que programe el Ministerio Público.
Precisó que con la anterior norma se llevaron a cabo aproximadamente 74 diligencias, de las cuales ninguna se frustró. Explicó que solo en dos ocasiones se registró descoordinación debido a que la Fiscalía no informó oportunamente a la Defensa Pública.
Con relación a la moción de orden del día presentada por el Congreso en el que exhorta al Ejecutivo a presentar propuesta integral de reforma del sistema de justicia, el ministro Arana indicó que el Consejo de Reforma del Estado trabaja desde diversas plataformas legales, y anunció que la próxima semana se convocará a un Consejo de Estado en cuya agenda se tratarán los aspectos de la criminalidad y de las relaciones de coordinación que se deben hacer con los sistemas de justicia.
Estado de emergencia por contaminación
El Ejecutivo aprobó declarar el estado de emergencia en los distritos puneños de Ayaviri, Cupi, Llalli y Umachiri, en la provincia de Melgar, y en el distrito de Ocuviri, en la provincia de Lampa, por peligro inminente ante contaminación hídrica, por 60 días calendario.
"Pretendemos que en este periodo diferentes sectores ejecuten medidas concretas que ayuden a la remediación de la cuenca Llallimayo y facilitar agua potable a estas comunidades. Vendrá una etapa posterior en la que se seguirá brindando asistencia y colaboración", indicó Adrianzén.
El dispositivo legal establece que el Gobierno Regional de Puno y los gobiernos locales, con la coordinación técnica del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la participación de los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ambiente, Producción, Energía y Minas, Interior y Defensa, ejecuten acciones inmediatas para reducir el muy alto riesgo existente.
(FIN) NDP/RMCH/JCR
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Published: 10/23/2024