El gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, será investigado por los delitos de falsa declaración en proceso administrativo y falsedad genérica. Foto: ANDINA/Gonzalo Horna
20:35 | Chimbote, nov. 13.
La Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Áncash revocó la resolución judicial de primera instancia que admitió el recurso de improcedencia de acción que planteó el gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, y con el cual logró frenar la investigación en su contra por el presunto delito de falsa declaración en proceso administrativo.
El colegiado declaró fundada la apelación del Ministerio Público y ordenó que se revoque la decisión judicial del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria que favorecía a Morillo. Además, ordenaron que se continúe con el trámite de la pesquisa en contra de la autoridad ancashina.
Juan Carlos Morillo es investigado por no declarar dos de las cinco sentencias que tenía al momento que inscribió su candidatura ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
La Fiscalía sostiene que el documento que alcanzó Morillo tiene la condición de declaración jurada y que además estaba obligado a brindar información certera y precisa sobre las sentencias que tenía tanto en el ámbito penal como en el civil.
La Procuraduría del JNE se ha presentado como actor civil en este caso y también se sumó al pedido para evitar el archivo de la investigación contra el gobernador ancashino.
También por falsedad genérica
La investigación contra Morillo está a cargo del fiscal Jhon Macedo Miguel, de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Áncash. Antes de conocerse la decisión de la Sala de Apelaciones, el fiscal amplió la pesquisa al delito de falsedad genérica, por lo que ahora el mandatario ancashino será investigado por dos delitos.
Morillo trató de acogerse al principio de oportunidad, el cual establece que los investigados reconozcan los cargos imputados por el Ministerio Público y puedan librar la condena, pagando una sanción económica. Aunque reconoció los delitos, el acuerdo no fue aceptado por el Poder Judicial.
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(FIN) GHD/JOT
JRA
Publicado: 13/11/2019