La Contraloría detectó un perjuicio económico por S/619 millones en el Estado, organismos autónomos y universidades públicas en el periodo 2016-2023, como resultado del Megaoperativo de Control al Gobierno Nacional.
El contralor Nelson Shack indicó que el megaoperativo realizado entre marzo y agosto de este año supervisó un total de 356 entidades públicas, comprendidas por 240 del Poder Ejecutivo (ministerios, organismos públicos descentralizados, programas, superintendencias).
Cabe señalar que, en el caso del Poder Ejecutivo, el periodo supervisado comprendió los periodos presidenciales de Pedro Pablo Kuczynsky (20 meses), Martín Vizcarra (31 meses), Francisco Sagasti (09 meses), Pedro Castillo (16 meses) y Dina Boluarte (9 meses).
Shack informó que con el megaoperativo se realizaron 3181 servicios de control, de los cuales 967 fueron de control posterior y 2214 de control simultáneo, con un monto controlado ascendente a S/ 109 274 millones correspondiente a ejecuciones presupuestales del 2016 al 2023.
Los principales sectores intervenidos fueron Transportes y Comunicaciones (40%), Educación (20%), Saneamiento (13%), Económico financiero (8%), Agropecuario (6%), Orden público (4%), Energía (4%), Salud (2%) y otros (3%).
Producto del control posterior, el megaoperativo identificó un perjuicio de S/ 619 millones en la que 1242 funcionarios públicos tienen presunta responsabilidad civil, penal y/o administrativo.
De dicha cantidad de funcionarios, 1030 son del Poder Ejecutivo, 17 de otros poderes del Estado, 60 de organismos autónomos y 135 de universidades públicas, quienes tendrían una a más responsabilidades en el ámbito administrativo (841), administrativo PAS (202), civil (474) y penal (321).
Del mismo modo, con el control simultáneo se alertó a los titulares de las entidades públicas sobre hechos o situaciones adversas que ponen en riesgo la ejecución del gasto público, con la finalidad que realicen correcciones. En total se identificaron 4264 situaciones adversas producto de 2214 servicios de control simultáneo.
De dicha cantidad, a la fecha 1477 situaciones adversas identificadas fueron resueltas, 2041 aun no presentan acciones pero se encuentran dentro del periodo de 45 días para atender la alerta, y 746 aún no fueron corregidas hasta el momento.
Shack Yalta incidió en la importancia de que los gestores públicos tomen acción inmediata en relación a los riesgos y situaciones adversas advertidas por la Contraloría General.
Casos emblemáticos
Shack presentó algunos casos emblemáticos identificados por el megaoperativo, como el caso de la compra de equipo de desinfección de aire que no cumplía a cabalidad su función, en el Hospital de la FAP, donde se identificó la presunta responsabilidad penal y/o administrativa de cinco funcionarios.
Además, el caso de la falta de control de Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos (SUCAMEC) donde se desconoce la ubicación de 70 armas de fuego que involucró a seis exgerentes con presunta responsabilidad administrativa.
Del mismo modo, en el mismo Sector Político Administrativo, se identificó un perjuicio de S/ 2.2 millones en la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) en la compra de 469 computadoras personales que incumplen características requeridas, caso en el que determinó la presunta responsabilidad civil y administrativa entidad de dos funcionarios.
También el hecho de favorecimiento indebido a proveedores y beneficiarios en el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional donde hay 17 presuntos responsables penal, civil y administrativo.
En el Sector Económico Productivo, se alertó al Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agrorural) el riesgo de que agricultores en situación de pobreza sean perjudicados por reducción de abastecimiento de agua, y se detectó el caso del perjuicio por más de S/ 2 millones por plazos sin sustento en el contrato de Chavimochic III y la falta de pólizas de seguro, con seis presuntos responsables (civil).
Igualmente, se detectó cuatro presuntos responsables en el Banco de la Nación por la falta de control y acciones para prevenir fraudes en el pago del Bono Yanapay que ocasionó un perjuicio de más de S/ 6 millones, y la falta de instalación de más de 140 sistemas de grabación que no fueron instalados en cajeros automáticos para vigilar transacciones de usuarios.
Asimismo, en el Sector Social Cultural, se identificó que 26 funcionarios y servidores del Fondo Mi Vivienda beneficiaron a una empresa inmobiliaria y sus subsidiarias en la firma de un convenio que les permitió otorgar créditos hipotecarios a familias beneficiarias de Techo Propio, o el perjuicio de S/ 21 millones en el Ministerio de Salud por la compra de medicamentos sin sustento técnico ni legal para pacientes con COVID-19.
En el caso de organismos autónomos, se informó sobre el caso del comité de selección que adjudicó la compra de alfombras para el Congreso de la República por S/ 315 mil a proveedor que incumplía requisitos exigidos o el caso de la designación de personal de confianza a una persona sin título profesional, entre otros.
Gestión de Desastres
El contralor Nelson Shack mostró su profunda preocupación por la próxima llegada del fenómeno del Niño 2023 y haberse constatado que a la fecha solo se ha ejecutado el 6% del presupuesto de S/ 3566 millones presupuestado para la ejecución de obras de prevención.
“Ojalá (que el Niño) no venga de manera severa porque sino nos va a destruir. Pueden morir miles de compatriotas y habrá millones de dólares en pérdidas de infraestructura pública y privada”, manifestó.
Agregó que, si bien hay un monto de S/ 825 millones comprometidos, las entidades no cuentan con los planes específicos para atender las emergencias por fenómenos naturales. Señaló que todo indica que las lluvias se presentarán en noviembre próximo y se supone que las obras de prevención deberían ejecutarse antes pero que en el país no hay una cultura de prevención sino que se avanza con improvisación.
Mostró como ejemplo las deficiencias en la contratación del servicio de limpieza y descolmatación del canal Chutuque y protección Virrilá en el río Piura, donde se identificó deficiencias en términos de referencia, falta de experiencia en personal clave y de ficha técnica.
Shack informó que la Contraloría concluirá próximamente 28 servicios de control posterior a entidades como el Ministerio de Defensa, Provías Nacional, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Asimismo, en setiembre presentará resultados de operativos al cumplimiento de perfiles, y se iniciarán en salud, seguridad ciudadana, y la Ley General para personas con discapacidad.
(FIN) NDP/NGB/CVC
Más en Andina: