Así lo anunció hoy el titular de dicha cartera, Salvador Heresi, durante la presentación de los resultados de una investitación trabajada con sentenciados mayores de 60 años recluidos en el
penal de Lurigancho, el más poblado del país.
El estudio en mención se titula "Agresores sexuales: antecedentes y trayectorias sexuales de adultos mayores recluidos por delitos sexuales".
Heresi anotó que del total de la población penal del país que llega a 85,175 internos, 16.141 están detenidos por el delito de agresión sexual. Dentro de ellos hay una proporción importante de mayores de 60 años.
Castración química inviable
Consultado sobre el proyecto de ley aprobado en primera votación en el Congreso para aplicar
castración química a violadores de menores de 14 años, Heresi expresó algunos reparos.
En primer lugar, dijo, esos procedimientos suponen un gasto de recursos del Estado "y hay que recordar que el Congreso no tiene iniciativa de gasto".
Además, hay que evaluar si esa eventual norma podría colisionar con algún tratado internacional suscrito por el Perú.
"No siendo aún una norma firme todavía puede ser evaluada y seguro en segunda votación habrá voces reflexivas", dijo tras señalar que la aprobación de la medida podría haber sido motivada por la emoción social ante un flagelo social como es el abuso sexual.
Sin embargo, Heresi recordó que durante la gestión de uno de sus antecesores en el Ministerio ya se había presentado ante el Parlamento un informe señalando la
inviabilidad de la propuesta.
El titular de Justicia lamentó también la información proveniente de Bagua, sobre la presunta violación sexual de 20 niños. En ese sentido, invocó a toda la sociedad a trabajar en conjunto para erradicar ese flagelo social.
Mencionó que también es importante la existencia de un registro de agresores sexuales, que sea público para que a la hora de elegir autoridades, la ciudadanía sepa que no debe dar su voto a abusadores comprobados para que ejerzan como autoridades.