La ley sobre pensiones de policías y militares, por la cual los jubilados percibirán la misma remuneración que el personal en actividad, complica el presupuesto público, es inconstitucional y abre la “cédula viva”, dijo hoy el exministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura.
“Claramente es inconstitucional, el Congreso no tiene iniciativa de gasto, pero aparentemente creen que lo tienen y esto complica no solo el presupuesto del 2018 sino también los presupuestos futuros porque esto abre la ‘cédula viva’”, señaló.
Ayer se publicó en el Diario Oficial El Peruano la
ley que modifica el Decreto Legislativo 1133 relativo al ordenamiento definitivo del régimen de pensiones del personal militar y policial a fin de regular las asignaciones de los pensionistas del Decreto Ley 19846.
Según la modificación publicada por el Congreso, los jubilados del régimen de pensiones del Decreto Ley 19846 perciben como pensión un monto equivalente a la remuneración consolidada que se otorga al personal militar y policial en actividad.
Durante el Seminario Anual de Investigación CIES, Segura sostuvo que el Congreso de la República no puede modificar los techos presupuestales del proyecto de ley de presupuesto público para el 2018 que el Gobierno le ha enviado.
“El proyecto de la ley de presupuesto del 2018 ya fue remitido al Congreso de la República y el Parlamento no puede modificar los techos, y lo que se puede hacer son reasignaciones internas”, indicó.
El economista recordó que en el Gobierno anterior se les dio aumentos salariales importantes a las fuerzas armadas y policiales
Además, las pensiones de los policías y militares son bastante mayores que el resto de la población que recibe pensión, anotó.
“(Para) los regímenes pensionarios en el mundo, la recomendación es que los jubilados no deben tener ‘cédula viva’, lo que favorece a quienes se retiran de algún mecanismo de actualización de la pensión en el tiempo”, explicó.
Acción constitucional
El exministro consideró que la ley en mención abre esa posibilidad de igualar las pensiones con los sueldos del personal en actividad, lo cual es bastante preocupante y el Gobierno debería presentar una
acción constitucional.
“Es tan grave esto que el Gobierno debería plantear una acción inconstitucional y la va a ganar, eso está claro”, manifestó.
Segura afirmó que esta ley implicará la reasignación de recursos y se afectarán los presupuestos para educación, salud y atención a los pobres del país.
“Sin embargo, no es la única iniciativa peligrosa del Congreso, pero es una de las más graves”, manifestó.
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