El contralor general, Nelson Shack, señaló que a través del uso de la inteligencia artificial se podrá evaluar el desempeño de las empresas que contraten con el Estado de modo que se elija a los mejores postores en los procesos de contratación pública.
“Tenemos un montón de empresas que sabemos que hacen malas obras, que terminan en arbitrajes y que no tienen las capacidades, pero no podemos eliminarlas del proceso. Entonces una reflexión: podemos contratar a los mejores postores pero hay que cambiar las reglas y a la gente que escoge a esos postores”, manifestó.
“Antes era difícil evaluar objetivamente el desempeño de una determinada firma y ahora es perfectamente posible. En marzo del 2024 sacaremos los resultados del Índice de la Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2023 y vamos a crear un subgrupo, que va a ser el Índice de Riesgos en Inversión, que va a analizar las inversiones públicas a través de la Inteligencia Artificial”, agregó.
En esa línea, indicó que para elegir a los mejores postores en los procesos de contratación pública es necesario tener la voluntad para aprobar los cambios normativos necesarios. “Estamos en un momento oportuno porque precisamente se está revisando la normativa de contratación pública en la actualidad. Esperemos que estos proyectos no traigan novedades importantes pero sabemos que las normas no lo son todo”, mencionó.
Asimismo, consideró que se deben hacer muchos más esfuerzos para que el Estado elija a sus proveedores de manera adecuada y se potencien herramientas creadas para los procesos de contratación, tales como la Ficha Única del Proveedor, que permite, a todas las entidades del Estado, tener información diversa de las empresas que son contratadas como proveedores.
“Esperemos que en los próximos meses salgan a la luz las mediciones de desempeño de los proveedores, ya que es importante tener identificado al proveedor pero también lo que ha hecho en los contratos donde ha participado”, añadió.
Adicionalmente, sugirió intensificar los procesos de certificación de los funcionarios y servidores públicos que intervienen en los procesos de contratación. “Hoy día tenemos aproximadamente 17 200 funcionarios y servidores logísticos certificados, son personas que tienen la experiencia y los conocimientos para laborar en áreas que se encargan de ejecutar el gasto. Ellos deben ser capacitados intensamente y medir su desempeño”, detalló.
También manifestó que el proceso de reforma de la Ley de Contrataciones del Estado, y otras similares, debe intensificar en el hecho de unificar los regímenes de contratación, así como en encontrar un punto medio entre facilitar estas operaciones y garantizar un nivel mínimo de competencia.
El contralor manifestó dichas ideas en la Conferencia Anual Internacional por la Integridad – CAAI 2023 “Frenando la corrupción: Estrategias colaborativas de investigación y sistemas de sanción”. La actividad contó con la participación del presidente de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, Víctor Villanueva; la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuellar, y el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Jesús Salazar.