Milagros Flores acaba de cumplir 18 años y me recuerda que los adolescentes viven en medio de una paradoja. Por un lado, sus padres escamotean la información sobre sexualidad y planificación porque piensan que les incitará su inicio en la vida sexual. Por otro, en los establecimientos de salud les exigen que vayan acompañados de sus padres para darles orientación.
“Con la pandemia del coronavirus se han agudizado más esos problemas”, cuenta Milagros, quien vive en Carabayllo. Le molesta que en los centros de salud de su distrito no atiendan a los adolescentes, aduciendo que la normativa vigente los considera “incapaces”.
Eso se lo dijeron el año pasado, cuando solicitó charlas de educación sexual para toda su promoción. Argumentaron que era menor de edad y jamás llegaron las charlas. Y una de sus compañeras salió embarazada. La chica, sin apoyo de su familia, no acudió al centro de salud ni pudo culminar la secundaria.
En cifras
El Perú tiene cifras de país inmaduro. Hasta antes de la pandemia se calculaba que 200,000 peruanas de 15 a 19 años –es decir, el 13.4% de las adolescentes– se embarazaban.
La directora ejecutiva del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), Susana Chávez, afirma que los indicadores de embarazos adolescentes en el Perú, en los últimos 30 años, no han variado “de manera sustantiva”. “La probabilidad de las adolescentes de embarazarse es igual a la de hace tres décadas, cuando había menos normativas y métodos anticonceptivos”, explica.
Si bien el inicio sexual de las adolescentes en el Perú ocurre entre los 14 y 15 años, todavía subsisten los prejuicios. Se cree, dice Chávez, que no es un problema de política pública, que se trata de un pequeño porcentaje y que obstaculizando la atención se pueden modificar las prácticas y conductas sexuales.
Contradicciones legales
La oficina local del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef Perú) presentó recientemente un estudio en el que advierte la necesidad de que nuestra legislación brinde un apoyo sustantivo a la población adolescente en estos temas.
La oficial de Salud Adolescente de Unicef Perú, Magaly Ascate, comenta que esta norma permite diferentes interpretaciones. “El Código Civil no menciona nada de salud y la Ley General de Salud, en su artículo 4, refiere que para que una persona reciba atención medica tiene que dar consentimiento o el de su representante legal. El Código Civil, en su artículo 44, define a los incapaces absolutos y relativos. Es una mirada muy cuadriculada”, opina.
En estas diferencias se amparan los operadores de salud, aduciendo la incapacidad de los adolescentes, no obstante que el Minsa ha emitido una resolución ministerial que señala que las atenciones preventivas no necesitan de un familiar.
¿Qué respuesta dar? Para Unicef, urge resolver las diferencias entre el Código Civil, el Código de los Niños y Adolescentes, y la Ley General de Salud; así se evitará la “discrecionalidad” sobre la capacidad o incapacidad de los adolescentes. Se debe, para ello, modificar el Código Civil.
Da una salida más rápida: una iniciativa legislativa podría desatar ese nudo. El tema no es nuevo: ya hace más de una década un estudio daba cuenta al respecto. Para Unicef, hoy el clima en el país es más favorable, ya que existe el Código de los Niños y Adolescentes y se ha presentado el informe a actores clave de esta historia, como la Defensoría del Pueblo y el Minsa.
“Los países más desarrollados tienen una legislación más abierta, que permite a los adolescentes acceder a los servicios de atención sexual y reproductiva sin tantas barreras. Y no presentan los problemas de salud pública en adolescentes como los que tenemos aquí, donde sufrimos un sistema de salud fragmentado, administrado por distintos fondos”, manifiesta.
Se deben cambiar también las normativas internas de la Policía y las Fuerzas Armadas: por ejemplo, la hija adolescente de un policía cuenta con el seguro de su padre, pero al embarazarse, el seguro policial no cubre al bebé. A la vez, la adolescente no puede ser atendida en el Sistema Integral de Salud (SIS) porque figura en el sistema de la Policía; por ende, está excluida y solo podrá llevar su embarazo en forma particular. Lo mismo sucede en las Fuerzas Armadas. “Es un grupo pequeño de adolescentes, pero se genera una mayor inequidad, pues reproduce los círculos de pobreza”, apunta.
Unicef Perú ya informó a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), pero aún “no hay celeridad en corregir y resolver este tema”. Saludan, eso sí, los esfuerzos del Minsa por brindar atención a pesar de los operadores más conservadores que se basan en las citadas contradicciones normativas para no brindar consejerías ni atender a los adolescentes.
Otro problema, anota, es el VIH/sida. Nadie detectó de manera oportuna que se puede adquirir la enfermedad entre los 10 y 15 años, ya que no es un grupo etario que tenga prioridad.
Defensoría en alerta
Al respecto, la Defensoría del Pueblo elabora un informe sobre el trabajo de los establecimientos de salud en consejería y salud sexual y reproductiva de los adolescentes durante la actual pandemia.
La adjunta para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría, Matilde Cobeñas, cuenta que la supervisión remota se ha llevado a cabo en 57 establecimientos de salud de 10 regiones del país y se está sistematizando la información.
Se trata de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Tumbes y Ucayali, “regiones con las cifras más elevadas del promedio nacional en número de embarazos adolescentes”, menciona.
Derecho a informarse
La doctora Cobeñas recuerda que la Ley General de Salud garantiza el acceso a la consejería “sobre las ventajas y desventajas de una vida sexual a su edad. Debemos recordar que a partir de los 14 años, los adolescentes tienen derechos a la libertad sexual. Así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional. Por ello, es importante que respetando esa confidencialidad, se les brinde consejería para que sus proyectos de vida y oportunidades de desarrollo queden truncos”.
Puntualiza que en el 2016 el Comité de los Derechos del Niño instó al Estado peruano a respetar este derecho y el país sí cuenta con normativas técnicas –la última del 2019– que permiten el acceso de esta información y los métodos anticonceptivos a los adolescentes.
Panorama con el covid-19
También hay buenas prácticas, como se vio en dos establecimientos de salud en Lambayeque y otro en Ferreñafe, donde se encontró que los operadores de salud sí ofrecen consejerías.
Durante la pandemia, los establecimientos de primer nivel, lamentablemente, cerraron sus puertas para enfocarse en la lucha contra el covid-19.
En setiembre se cumplieron tres décadas de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño por el Estado peruano. “Ha habido avances importantes, pero todavía no se reconoce a los adolescentes como sujetos de derecho. Todavía lo creemos propiedad o apéndices de sus padres. Pero los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho con voz y participación. Nuestra sociedad debe ir cambiando”, dice Cobeñas.
Para Susana Chávez, de Promsex, es fundamental que el Minsa implemente rápidamente los servicios de atención de la salud sexual y reproductiva en los adolescentes. A la par, debe organizar una campaña informativa y de acceso para que dispongan de métodos anticonceptivos.
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(FIN) JVV/DOP