El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria en Delitos de Corrupción de Funcionarios ordenó la prisión preventiva por 36 meses de Luis Nava Guibert, exsecretario de la Presidencia de la República en el segundo gobierno de Alan García, por los sobornos que recibió de la empresa Odebrecht.
Nava es investigado por el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público por el presunto delito de lavado de activos y colusión agravada, en una organización criminal. Atala, en tanto, por el delito de lavado de activos.
A Nava se le acusa de recibir 4.2 millones de dólares de la empresa Odebrecht para facilitar la continuidad de obras (Interoaceánica, tramos 3 y 4) y para tener a acceso a nuevos proyectos, como el Metro de Lima, tramos 1 y 2, durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011).
Los pagos, según dijo, se hicieron en efectivo, como lo ha declarado Jorge Barata, y luego a través de la Banca Privada de Andorra, en una cuenta de la empresa off shore a nombre de Miguel Atala, para acelerar las transferencias.
El juez señaló que lo declarado por Barata ha podido ser verificado con los documentos del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, donde se consignan las transferencias de dinero a esa cuenta en beneficio de Chalán, seudónimo empleado por Luis Nava.
“Queda claro que los pagos fueron realizado a la persona de Nava Guibert teniendo en cuenta su vinculación con el más alto cargo de la República en el periodo 2006-2011, pagos realizados en efectivo y a través de la empresa off shore”, refirió el juez.
A cambio, de acuerdo al magistrado, Nava habría influido en la modificación del marco legal, a través de decretos supremos y decretos de urgencia, para establecer procedimientos especiales que permitan materializar las obras.
Estimó que las declaraciones de José Antonio Nava Mendiola, quien hoy dijo haber sido testigo de los sobornos de Odebrecht a sus padres, constituyen mayores evidencias de esos hechos.
En ese sentido, el juez consideró que existen elementos de convicción sobre la participación de Luis Nava en los hechos investigados por la fiscalía y que la probable pena que a recibir sería superior a los 4 años.
Dio por válida, además, la argumentación de la fiscalía sobre el peligro de fuga que existiría en el caso de Nava, por su negativa de colaborar con la justicia y porque habría “remanentes de la organización criminal” que podrían afectar la averiguación de la justicia.
Ello, en base a las declaraciones de Miguel Atala, quien dijo sentir temor de una “fuerza de choque” que habría en el Partido Aprista Peruano.
En el caso de Atala, el juez acogió también el pedido del fiscal José Domingo Pérez de imponerle un arresto domiciliario por 36 meses, medida restrictiva que deberá cumplir en su vivienda de San Isidro, sin tener contacto con los investigados.
En ese sentido, dispuso ordenar la libertad de Miguel Atala, quien se encontraba con prisión preventiva por un plazo de 10 días.
La defensa técnica de Luis Nava dijo que apelerá la decisión judicial que ordena la reclusión de su patrocinado, internado en una clínica local, en un penal.