El juez Jorge Luis Chávez Tamariz declaró fundado el pedido de la Procuraduría Ad Hoc para el caso Odebrecht para ampliar de US$ 8 millones a U$S 20 millones de dólares el monto de reparación civil para la exalcaldesa Susana Villarán por los delitos de lavado de activos, asociación ilícita y otros en agravio del Estado peruano.
En la resolución se señala que, según el avance de las investigaciones del Ministerio Público, para la campaña del No a la revocatoria se destinó US$ 6 millones de dólares (
US$ 3 millones de Odebrecht y US$ 3 millones de OAS), y por la reelección municipal US$ 4 millones, con lo cual la suma total recibida asciende a US$ 10 millones.
Ello, se indica, constituye razón suficiente para estimar la petición de la Procuraduría y acoger el razonamiento que aplica el duplo de la suma materia de lavado de activos y asociación ilícita, pues se desarrolla sobre la base de la función preventiva y se dirige a desincentivar las operaciones de lavado de activos .
En una audiencia del último 18 de setiembre,
el procurador Miguel Ángel Chero argumentó que el pedido para aumentar el monto obedecía a los nuevos hechos observados en este caso por parte del Ministerio Público y al incremento del número de investigados.
Chero dijo que la reparación civil toma en cuenta las utilidades obtenidas por las personas implicadas en estas irregularidades y los daños sufridos por el Estado peruano.
Esta reparación equivalente al doble del monto obtenido, añadió, busca ser un elemento disuasivo, una prevención a futuro frente a quienes pretendan incurrir en algo así.
En la investigación por el financiamiento para las campaña del No a la revocatoria y reelección municipal, además de Villarán también están implicados, José Miguel Castro, Gabriel Prado, Domingo Arzubialde, Cecilia Lévano, José Adelmario Pinheiro Filho y otros.
(FIN) RMCH