El Compromiso de Lima, “Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción” insta al sector privado a desarrollar códigos de conducta y a una participación eficaz en las políticas públicas de prevención y combate de la corrupción.
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Asimismo, a implementar, junto a las empresas públicas, programas de capacitación y de promoción de la integridad a todo nivel.
En el documento, los dignatarios asistentes a la
VIII Cumbre de las Américas se comprometen también a garantizar la transparencia e igualdad de oportunidades en los procesos de selección de servidores públicos, basados en criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud.
Plantean adoptar medidas que prevengan conflictos de intereses, así como a la presentación de los servidores públicos de sus declaraciones patrimoniales y de información financiera.
Se comprometen además a promover códigos de conducta para los servidores públicos que contengan altos estándares de ética, probidad, integridad y transparencia, tomando como referencia los “Lineamientos para la Gestión de Políticas de Integridad en las Administraciones Públicas de las Américas”.
Fortalecerán, asimismo, las instituciones democráticas para la prevención y combate de la corrupción en la región, otorgando garantías necesarias para el buen desempeño de sus funciones.
Asumen también el compromiso de fortalecer la autonomía e independencia judicial, siguiendo los estándares interamericanos y universales, para promover el respeto al Estado de Derecho y el acceso a la justicia, así como impulsar políticas de integridad y transparencia en el sistema judicial.
A desarrollar una cultura de transparencia, participación ciudadana y prevención de la corrupción para el fortalecimiento de los valores democráticos y cívicos desde la primera infancia y a lo largo de toda la vida, con programas de enseñanza en el sistema educativo.
A promover también campañas de concientización pública y participación ciudadana para la prevención y lucha contra la corrupción y la impunidad.
Reconocen, asimismo, la contribución de los pueblos indígenas, con sus valores y principios tradicionales, así como los aportes de las comunidades afrodescendientes, para mejorar la eficiencia, la eficacia y la transparencia de la administración pública.
Asumen de igual manera promover la equidad e igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como objetivo transversal de sus políticas anticorrupción, e incluir a los grupos en situación de vulnerabilidad en la definición de medidas para fortalecer la gobernanza y combatir la corrupción.
Se comprometen también a promover una iniciativa hemisférica para articular los esfuerzos de las organizaciones regionales e internacionales en el marco de la Agenda Interamericana de Educación, con enfoque en educación cívica, dirigida por la Organización de Estados Americanos (OEA).
(FIN) FHG/RES
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Publicado: 14/4/2018