El Gobierno declaró en emergencia por 24 meses el Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) por razones de déficit de capacidad de albergue y para optimizar la prestación de servicios de resocialización de las personas privadas de libertad.
La norma, publicada en
el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, dispone que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos elabore la Estrategia Sectorial de Emergencia Penitenciaria en 45 días, a fin de garantizar la implementación de la Política Nacional Penitenciaria al 2030, en favor de la resocialización de las personas privadas de libertad.
Precisa que el Sistema Nacional Penitenciario atraviesa una aguda crisis, en las últimas décadas, debido a la sobrepoblación en los penales, que han rebasado su capacidad; así como por la falta de los medios necesarios que dificulta el proceso de resocialización del interno.
La norma indica además que en la II Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), desarrollado el 18 de junio del 2024, se acordó, entre otros, declarar en emergencia el Sistema Nacional Penitenciario.
También, el
Consejo de Estado acordó el 5 de noviembre del 2024 “
Disponer recursos para la infraestructura penitenciaria, logrando la ampliación de penales existentes y la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios; y, la reorganización del Instituto Nacional Penitenciario”.
“En ese sentido, es necesario declarar en emergencia el Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario, y disponer la elaboración de la Estrategia Sectorial de Emergencia Penitenciaria”, señala la norma.
En los considerandos se precisa también que el Sistema Penitenciario Nacional, a agosto del 2024, alberga a 98,127 personas privadas de libertad, en los 69 establecimientos penitenciarios existentes, a pesar de tener una capacidad para solo 41,556 personas, lo que genera una sobrepoblación del 136%.
Advierte además que un informe de la Dirección de Política Criminológica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos señala que la población penitenciaria de procesados no alcanzó el 28 % esperado, contribuyendo significativamente a los niveles de hacinamiento actuales.
“La situación crítica se agrava aún más, debido a la insuficiente capacidad de los establecimientos penitenciarios existentes. Al 2023, solo el 50.2 % de la población privada de libertad se encontraba en establecimientos con condiciones adecuadas de infraestructura y servicios”, señala la norma.
Asimismo, indica que la Política Nacional Penitenciaria al 2030, aprobada por Decreto Supremo 011-2020-JUS, establece como objetivos prioritarios: “Reducir significativamente el hacinamiento en el sistema penitenciario”; “Mejorar las condiciones de vida digna para las personas privadas de libertad”; y, “Asegurar condiciones de seguridad y convivencia de la población penitenciaria”.
(FIN) FHG/CVC
GRM
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Publicado: 26/11/2024