El presentador de televisión Andrés Hurtado Grados, conocido en el ambiente artístico como Chibolín, continuará detenido en un penal por 18 meses, luego de que el Poder Judicial confirmó hoy en apelación la orden de prisión preventiva que pesa en su contra.
Motivaciones de la resolución
La resolución por unanimidad, en el caso del conductor de televisión, indica que “existe un alto grado de probabilidad de que pueda influir sobre sus computadoras y testigos para ocultar y hasta destruir datos que pudieran servir a la investigación, como habría ocurrido durante la diligencia de allanamiento".
“Concurre el peligro de obstaculización, de modo que, al haberse presentado de manera concurrente los presupuestos para dictar la prisión preventiva, convenimos en este extremo con la decisión. En consecuencia, la medida de prisión preventiva debe confirmarse” se precisa.
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Se considera, además, que no existe un arraigo laboral por parte de Hurtado, toda vez que su programa de televisión se encuentra suspendido desde el 8 de setiembre y el contrato laboral presentado en el marco de la investigación tampoco acredita dicho arraigo.
Precisa, asimismo, que el investigado señaló en su declaración inicial diversas direcciones como domicilio, lo que no resulta fiable para acreditar su domicilio.
El abogado de Andrés Hurtado, Elio Riera, sostuvo que recurrirá a las instancias correspondientes para revertir esta situación.
Fiscal Elizabeth Peralta
En cuanto a la
suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta, tres magistrados se pronunciaron por declarar fundada la apelación del Ministerio Público a la orden de comparecencia con restricciones, al considerar que
no se presenta “peligro de obstaculización grave” por lo que consideran razonable que continúe la medida.
Señalan que si bien la fiscal mintió cuando se le pidió información sobre un celular y se opuso al requerimiento del Ministerio Público para entregarlo, la información que contiene dicho teléfono puede conseguirse parcialmente con el levantamiento del secreto de las comunicaciones.
Otros dos magistrados, en tanto, consideran que existe riesgo de obstaculizar la investigación y peligro de fuga, por lo que se pronuncian a favor de que cambie la comparecencia con restricciones por prisión preventiva por 18 meses.
El juez supremo Saúl Peña, convocado para dirimir la apelación, decidirá si la suspendida fiscal superior enfrenta las investigaciones con comparecencia restringida o en prisión.
Empresario Miu Lei
En cuanto al empresario Augusto Miu Lei, la sala declaró fundada en parte la resolución judicial que le ordena pagar una caución de un millón de soles en un plazo de tres días hábiles y dispuso que ello se realice en un lapso de cuatro meses.