Los cambios en la Ley de Extinción de Dominio que impulsa el Congreso de la República buscan excluir los delitos de corrupción, lavado y crimen organizado de la incautación de bienes obtenidos en forma ilícita, señaló hoy la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
En un pronunciamiento público, precisó que de prosperar las modificaciones, pendientes de una segunda votación en el Parlamento, se limitaría la Ley de Extinción de Dominio y llevarían a que el Ministerio Público retroceda en su misión de investigar y perseguir el delito.
“Así como nos pronunciamos en su debido momento por el retorno de la detención preliminar, hoy
nos pronunciamos de manera firme contra las modificaciones que pretenden eliminar la efectividad del Decreto Legislativo 1373 que hoy faculta de autonomía a los procesos judiciales de extinción de dominio”, aseveró.
Los cambios, de acuerdo a Espinoza, solo permita incautar bienes cuando exista una sentencia firme, lo que facilitaría que los criminales puedan usar testaferros, transferir y desaparecer los bienes obtenidos en forma ilícita.
Además, permitiría que las investigaciones se limiten a los cinco años y prescriban en este tiempo, lo que dejaría a los delincuentes con sus ganancias ilícitas cuando es sabido “que un bien ilícito nunca se convierte en legal”.
“Esperamos con optimismo sea declarada infundada porque de lo contrario favorecería a la delincuencia, afectando a más de 5500 casos que hoy en día se encuentran bajo esta ley”, refirió.
¿Qué permite la Ley la Extinción de Dominio?
En su mensaje, Delia Espinoza dijo a la población que la extinción de dominio no es una confiscación ni expropiación de bienes, sino una restauración de la legalidad, dado que la posesión no legaliza los bienes adquiridos mediante la comisión de delitos, principalmente relacionados con corrupción, crimen organizado, minería ilegal, trata de personas y otros.
Lo que facilita la ley, según explicó, es quitarle a los delincuentes su patrimonio mal habido, más no afectar a aquellos comerciantes, emprendedores, pequeños empresarios y personas honestas que con su trabajo legal aportan al desarrollo económico y social del país.
“No vamos a retroceder de ninguna manera en la lucha contra la corrupción, por eso confiamos que el Tribunal Constitucional emita una decisión acorde a lo que espera la población, la justicia y el derecho, evitando que delincuentes, corruptos, que incluso son prófugos de la justicia, se beneficien conservando los bienes y el dinero proveniente de sus delitos y diversos actos de corrupción”, señaló.
“¿Queremos acaso un país con una economía ilegal, producto del delito? No, no deseamos eso. Las personas honestas no podemos permitir que la impunidad se imponga, por eso pedimos al Congreso que medite y reflexione profundamente sobre este pretendido cambio. La justicia no debe dar un paso atrás”, concluyó.
(FIN) FHG/RMCH
JRA
Más en Andina:
Publicado: 18/2/2025