Con el propósito de realizar un balance de las medidas de protección social de la niñez y adolescencia que adoptó el Gobierno peruano durante la pandemia de covid-19, Unicef Perú presentó el informe ‘Lecciones de la pandemia para una mejor protección social de la niñez y adolescencia en el Perú’.
En este encuentro, que contó con la participación de la vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social,
Dina Boluarte Zegarra, se dio cuenta de las lecciones aprendidas y los desafíos para mejorar la respuesta del Estado en materia de protección social.
Las exposiciones del evento estuvieron a cargo de Lorena Alcázar y Vanessa Rojas, autoras del referido informe, investigadoras principales del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade) y consultoras de Unicef. Respecto a este tema, dialogamos con la oficial de Políticas Sociales de Unicef, Cinthia Vidal.
¿Cuáles fueron las principales medidas de protección dirigidas a la niñez y la adolescencia durante la pandemia en el Perú?
– El estudio ‘Lecciones de la pandemia para una mejor protección social de la niñez y adolescencia en el Perú’ analiza las medidas adoptadas en tres principales líneas de acción: las transferencias no condicionadas de dinero (bonos), la asistencia alimentaria y la adaptación/adecuación de los programas sociales.
En relación con los bonos, el 73 % de los hogares recibió algún tipo de bono en el 2020, principalmente a través del Bono Universal (el 77.5 % de hogares que recibieron este bono tenían a niñas, niños y adolescentes). Sin embargo, el impacto de los bonos sobre la pobreza de hogares con niñas, niños y adolescentes fue menor porque su estructura no tomó en cuenta la composición de los hogares.
La asistencia alimentaria para la población en general aumentó (de 32.5 % a 33.2 %), pero para hogares con niñas, niños y adolescentes disminuyó (de 53.3 % a 48.5 %) y la entrega de canastas no compensó la pérdida de asistencia alimentaria que brindaba el
programa nacional Qali Warma o el Vaso de Leche.
En relación con la adaptación de los programas sociales para atender a la población en un contexto de no presencialidad, se destaca el rol del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) por tener la mayoría de los programas bajo su rectoría. Las dos adaptaciones que se introdujeron fueron la atención remota y expansión horizontal de ciertos servicios.
¿Cuáles eran las condiciones que hacían necesarias estas medidas de protección y cuáles fueron los resultados más importantes de su aplicación?
– Los efectos de la pandemia fueron muy diferenciados. Los más afectados fueron los hogares urbanos en situación de pobreza debido al hacinamiento y a la falta de recursos para enfrentar el distanciamiento social. Las niñas, niños y adolescentes fueron una de las poblaciones más vulnerables en la pandemia. Al segundo trimestre del 2020, el 61 % de hogares con menores de 5 años se encontraban en situación de pobreza; 10.2 de cada 1,000 perdieron un cuidador, 230,000 abandonaron la escuela el segundo trimestre del 2020 y se incrementó el riesgo de problemas de salud mental (36 %).
Las medidas de protección social en torno a la entrega de bonos, asistencia alimentaria y adecuación de programas sociales para continuar la prestación de los servicios a las poblaciones más vulnerables fueron claves para que sostener a los hogares con niñas, niñas y adolescentes.
Hablando específicamente de medidas de protección social de niños, niñas y adolescentes, ¿se trata de medidas coyunturales? Es decir, superada la peor etapa de la pandemia, ¿son medidas que deberían mantenerse?
–Sí, son medidas que deben mantenerse porque los programas sociales deben estar
preparados para atender a la población más vulnerable en situaciones adversas, como la pandemia, pero también frente a cualquier riesgo o desastre que podamos enfrentar. Estos programas mantienen ciertas estrategias utilizadas durante la pandemia, pero además se está recogiendo evidencia que permita hacer las adecuaciones necesarias para que los servicios que se brindan no se vean interrumpidos ante alguna adversidad.
Asimismo, se está avanzando en diseñar un registro que integre el Registro Nacional de Hogares (RNH) y el Padrón General de Hogares (PGH) que permita al Estado contar con un único Registro Nacional de Hogares actualizado y preciso que incluya la identificación y ubicación inequívoca de hogares, a fin de desplegar medidas de protección social a poblaciones en situación de riesgo, vulnerabilidad y abandono.
Estamos próximos al inicio de nuevas gestiones en los gobiernos locales y regionales, ¿qué responsabilidades tendrían que asumir en esta materia?
– El rol de los gobiernos regionales y locales
es central para garantizar que los servicios lleguen a los hogares más vulnerables. Las municipalidades tienen un rol clave, ya que sus Unidades Locales de Empadronamientos (ULE) tienen el encargo de tramitar las solicitudes de clasificación socioeconómica (CSE) a través del recojo de información de los hogares. Esa información se debe de enviar al Midis para su evaluación y se pueda realizar la clasificación socioeconómica de los hogares para determinar cuáles se esos pueden convertirse en beneficiarios de los programas sociales
Hablando concretamente de lecciones en protección social de la infancia y la adolescencia, ¿cuáles podría resaltar?
– Luego de la pandemia, podemos destacar algunas lecciones específicas para la atención de la infancia y la adolescencia. Por ejemplo,
se requiere diseñar un sistema de protección social que sea inclusivo para responder a todos los grupos etarios y también a las diferentes dimensiones de vulnerabilidad de las poblaciones, como el género, la etnia, el origen nacional, el ámbito geográfico de residencia, entre otros.
Un sistema sensible a la niñez y adolescencia supone reconocer la particular situación de este grupo: actualmente, la protección social no contributiva responde prioritariamente a la primera infancia, pero no presta la necesaria atención a la adolescencia y la juventud.
Además, se requiere dar continuidad y expandir las intervenciones temporales de los programas Juntos y Cuna Más para acercar sus servicios a los contextos urbanos. Todo esto requiere contar con un plan de protección social adaptativo, entendido como un sistema de atención integral con capacidad de respuesta ante diferentes necesidades y contextos, que establezca los esquemas de gobernanza para asegurar su funcionamiento. Se requiere contar con un procedimiento claro para la adecuación de programas de protección social no contributiva, sistemas de información actualizados e interoperables, herramientas para una adecuada focalización, así como la definición de roles y funciones entre los sectores y niveles de gobierno.
¿Qué otras sugerencias propone Unicef en este ámbito?
– Los sistemas de protección social deben tener fundamentos empíricos sólidos, por lo que
el análisis y la sistematización de lo aprendido en tiempos de la emergencia sanitaria son fundamentales para aportar a la construcción de un sistema de protección social en el país. Realizar evaluaciones de las medidas y adaptaciones de los programas que se implementaron durante la pandemia por los diferentes sectores, debe contribuir a identificar las dificultades, cuellos de botella y para ayudar a replantear, conceptualmente,
el tipo de inclusión social que el Estado debe promover.
Es necesario que la experiencia y las lecciones aprendidas de la respuesta de protección social para enfrentar la pandemia de covid-19 se capitalicen e institucionalicen para poder enfrentar de mejor manera las emergencias que puedan darse en un futuro próximo.
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(FIN) CCH
JRA
Publicado: 10/10/2022