El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, anunció que se harán audiencias a nivel nacional, regional y local para escuchar las opiniones y el sentir de la población con respecto a la posibilidad de implantar la pena de muerte para violadores y asesinos de menores.
En conferencia de prensa tras el
Consejo de Ministros, indicó que
este planteamiento de la presidenta Dina Boluarte es asumido con seriedad por el Ejecutivo y descartó que se busque un aprovechamiento político o que se trate de una “cortina de humo”.
Señaló que, en aquella oportunidad, fue consultado por el congresista
Jorge Montoya sobre qué se debería hacer para enfrentar tres delitos graves:
la violación de menores de edad, el sicariato y el feminicidio, y a continuación el legislador
planteó como posible solución el aplicar la pena de muerte, con la consecuente salida de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José.
“Entonces frente a ese escenario, como corresponde, el gobierno no puede tener una posición sin realmente escuchar a la ciudadanía y a la población. Y lo que dije en aquel momento fue que esto iba a ser examinado minuciosamente en el Ejecutivo y en particular por el Ministerio (de Justicia)”, indicó Arana.
El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) expresó que no se pueden seguir tolerando este tipo de casos, donde no existe el más mínimo respeto por la vida humana. Afirmó que, pese a los esfuerzos del Ejecutivo, “existe allí un gran problema por atender y la ciudadanía lo sabe”.
“Esta propuesta que la señora presidenta ha señalado -y que el Ejecutivo lo asume y en el Ministerio de Justicia lo vamos a implementar- es una propuesta seria. Vamos a someter a consideración de la ciudadanía, a nivel nacional, esta consulta para que se examine si en estos casos corresponde o no corresponde la pena de muerte”, expresó durante la conferencia de prensa.
En otro momento, el ministro
Eduardo Arana sostuvo que
no están planteando la posibilidad de un referéndum y que es muy pronto para decir si se acudiría a esta figura, ya que no se conoce todavía la opinión de la ciudadanía.
Incluso añadió que el mecanismo usual es que el Ejecutivo haga directamente la denuncia del Pacto de San José y que dicha decisión sea vista por el Congreso, sin necesidad de un referéndum, y que luego seguiría otro procedimiento por parte del Parlamento para un eventual cambio de Constitución, pero prefirió no adelantarse y esperar a que la ciudadanía se exprese.
“Eso sí, anuncio (que) vamos a programar lo más pronto posible las audiencias nacionales, regionales y locales para escuchar el sentir de la población”, indicó el titular del Minjusdh.
(FIN) MCA/JCR
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Publicado: 12/12/2024