La presidenta del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), Verónica Zambrano, hace un balance de las actividades del ente regulador para este 2023.
Adicionalmente, nos detalla los retos que deberán enfrentar el próximo año, en entrevista al Suplemento Económika del Diario El Peruano.
Este año se ha presentado complicado para el país en materia económica debido a diversos factores coyunturales. En el plano regulador, ¿cuál es el balance que realiza acerca de la labor del Ositran?
–El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público tiene una labor de acompañamiento en el desarrollo de la infraestructura del país. Obviamente, quisiéramos tener la posibilidad del liderazgo en algunos temas que son fundamentales en el desarrollo de la infraestructura del país; no obstante, esta labor está a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC); sin embargo, acompañamos el desarrollo de las obras y que se cumplan con los objetivos trazados y tratamos de ser críticos y que nuestra función no solamente se circunscriba al tema de los castigos o sanciones, en caso de que haya incumplimientos.
En lo que se refiere al desarrollo de inversiones, vemos con mucha preocupación el desempeño del sector porque el último contrato o concesión entregada fue en el 2018 y corresponde al Puerto de Salaverry y, desde ese entonces, no hemos tenido nuevas inversiones.
Hay un proyecto que corresponde a la Hidrovía Amazónica que se ha caído y se declarará caduca. Esto es preocupante porque la selva requiere de un mayor desarrollo y una atención especial.
En lo que respecta a la continuidad de proyectos que están en marcha o en ejecución, sí hemos visto casos en donde los concesionarios muestran todo el interés de participar en ellos y cumplir sus contratos como corresponde, porque son conscientes de las sanciones en caso de incumplimiento y, además, cada empresa quiere tener un proyecto exitoso en sus manos.
–Entonces, ¿hay interés por seguir invirtiendo en el Perú?
–Así es. En general, el concesionario responde, no tenemos concesionarios que no estén interesados en cumplir sus contratos, por el contrario, todos están muy interesados en cumplir con sus obligaciones, en seguir trabajando, en invertir más en el Perú. Vemos más inversiones, por ejemplo, en aeropuertos, en puertos, en carreteras, también, estamos preparándonos para enfrentar los efectos del Fenómeno El Niño. Esta es la mejor prueba de que la inversión privada es la respuesta a una serie de necesidades que debemos atender para acortar la brecha de infraestructura que tenemos. La verdad es que no es posible crecer como país sin la inversión.
–¿A cuánto asciende, precisamente, la brecha en infraestructura del Perú?
–Tenemos un déficit muy alto en este campo. Solamente en infraestructura, según los últimos estudios, la brecha alcanza los de 250,000 millones de dólares. Otros aseguran que es mucho menor, en torno a los 100,000 millones de dólares. Entonces, fluctuamos entre los más conservadores y los más audaces.
Supongamos que fuese solamente la mitad de lo que establecen los más conservadores, es decir, 50,000 millones de dólares; en el Perú solamente tenemos una inversión comprometida del orden de los 17,000 millones de dólares, de los cuales, 5,000 millones de dólares corresponden a la Línea 2 del Metro de Lima.
El déficit es muy grande y la evidencia la vemos cuando se presentan las quejas en torno al mantenimiento de carreteras; reclamos sobre la situación de los terminales portuarios y otras infraestructuras que aún se encuentran en manos del Estado y que requieren pasar al sector privado para ser realmente eficiente.
Todos sabemos, el Estado no es un gestor eficiente, por lo que es importante que la inversión privada ingrese en este sector, como ocurrió en años pasados y siga apostando por el país.
–¿Cuál es el principal obstáculo que tiene que sortear el inversionista privado en el Perú?
–Las trabas burocráticas son, posiblemente, la mayor preocupación de los inversionistas. Por ejemplo, la construcción de la Líneas 1 del Metro tuvo que enfrentar una serie de contratiempos burocráticos que demoraron significativamente su ejecución.
La entrega de terrenos, por ejemplo para la ejecución de proyectos de gran envergadura, ha sido demasiado lenta. Hay proyectos que si bien es cierto se encuentran en tapas avanzadas en torno a su ejecución, debieron haber concluido hace mucho tiempo.
Por ello, considero que la infraestructura es un sector en el que debemos incentivar el quehacer del Estado como un gran facilitador, con normas que incentiven la inversión, no solamente en lo que a la preinversión se refiere, sino también a la etapa postinversión.
En el primer caso, debe haber buenos ofrecimientos para que el inversionista se interese en el proyecto, pero, una vez que tenemos la inversión y se haya entregado la concesión, viene la etapa postinversión, aquella que corresponde al respeto y apoyo al concesionario. Lamentablemente, a veces esto no sucede en el Perú.
Vemos como el inversionista, una vez que suscribe el contrato tiene que enfrentar a muchas autoridades locales que siempre le ponen trabas para la ejecución del proyecto simplemente porque no conocen la naturaleza de la iniciativa. Se fastidian porque el trazado del proyecto puede afectar los intereses particulares de algunos funcionarios de manera directa. Entonces, lamentablemente, hay una falta de comprensión por parte de las propias autoridades en la importancia de estas inversiones.
- ¿Y cómo evalúa la labor del Ejecutivo en ese aspecto?
–Hay un grupo de trabajo en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), una comisión de destrabe, que cumple un rol fundamental en la agilización de los proyectos.
Esta comisión realiza una gran labor, la cual debería ser llevada a otro nivel y convertirse en una especie de sectorista de cada inversionista, es decir, que se encargue de levantarle y solucionarle las trabas que puede tener para que la inversión fluya, porque si vamos a detenernos por un mal permiso o porque un juez no entiende que expropiar un terreno para el desarrollo de una obra de gran envergadura es fundamental para el país, seguiremos con altos índices de déficit en infraestructura.
Es importante que se entienda que estos proyectos tienen un impacto altamente positivo en el desarrollo de las comunidades y de las regiones y que redunda en un bienestar para la población en general.
–¿Cuáles son las expectativas para el 2024 en lo que a inversión privada se refiere?
–Para el próximo año tenemos grandes expectativas con diversos proyectos que están en cartera y que anuncian su pronto lanzamiento. Este es el caso de la Línea 3. Lima requiere de un sistema de trenes que cubra casi todo su territorio para que sea realmente una ciudad moderna y competitiva.
También tenemos el Anillo Vial Periférico, así como el Ferrocarril Huancayo-Huancavelica; y el nuevo terminal portuario de Chancay que, si bien no es una concesión, tendrá un impacto muy positivo en el desempeño económico y comercial del país.
Además, tenemos otras inversiones de menor envergadura, pero igual de importantes, en diferentes concesiones que se siguen dando y que sí son rentables para los concesionarios y que generan el interés de otros inversionistas que quieren participar en obras similares.
Sin embargo, es fundamental que el Estado camine de la mano con ellos. Se requiere que el Estado actúe con rapidez a ese interés con una respuesta afirmativa, que incentive esa inversión, que no la obstaculice, que es lo que muchas veces sucede con las autoridades debido a que no conocen el aspecto técnico de los proyectos.
Inversiones acumuladas
Desde el inicio de los contratos de concesión hasta octubre de este año, la inversión acumulada ascendió a 11,114 millones de dólares, monto equivalente al 62.76% del total de compromisos de inversión de las empresas concesionarias, precisó el ente regulador.
Según Ositran, la inversión en carreteras registra el mayor nivel de avance con 89.9% (4,895 millones de dólares ejecutados), seguida del sector portuario con 60% (2,069 millones de dólares).
En tanto, la inversión en infraestructura de ferrocarriles y líneas de metro significó el 58.6% (3,530 millones de dólares ejecutados) y en aeropuertos el 23% (618.4 millones de dólares).
Al 31 de diciembre del 2022, el Ositran supervisó y reguló 32 contratos de concesión, que incluyen 16 carreteras, 18 aeropuertos, ocho puertos, dos vías férreas, dos líneas del metro de Lima y Callao y una vía navegable. Asimismo, supervisa y regula las tarifas y la política comercial que aplica Corpac y Enapu en los aeropuertos y puertos bajo administración estatal, respectivamente.
Datos
- Entre enero y octubre, las inversiones valorizadas en las 32 infraestructuras concesionadas de carreteras, terminales portuarios, aeropuertos, vías férreas y metro sumaron 565.1 millones de dólares, un incremento de 32.1% con relación al mismo periodo del 2022.
- Ositran aplicó, hasta el tercer trimestre del año, sanciones y penalidades por cuatro millones 10,983 soles a empresas concesionarias por el incumplimiento de sus obligaciones normativas y contractuales.
- La reciente exoneración de autorizaciones y permisos municipales para la ejecución de diversos proyectos priorizados de infraestructura de transporte beneficiará el avance de las obras.
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