Con la sentencia sobre la ley de arresto domiciliario, el Tribunal Constitucional dio respuesta inmediata a un problema que estaba creando confusión y socavando la institucionalidad democrática en el país, aseguró hoy su presidente, Javier Alva Orlandini.
Lima, jul. 22 (ANDINA).- Con la sentencia sobre la ley de arresto domiciliario, el Tribunal Constitucional dio respuesta inmediata a un problema que estaba creando confusión y socavando la institucionalidad democrática en el país, aseguró hoy su presidente, Javier Alva Orlandini.
“El Tribunal Constitucional ha cumplido con sus atribuciones de inmediato porque se requería una respuesta urgente a un problema que estaba creando confusión y estaba socavando la institucionalidad democrática”, manifestó en declaraciones a la prensa.
Manifestó de forma enfática que la sentencia del TC es vinculante y tiene que ser acatada por todos los jueces del Poder Judicial, sean de la Corte Suprema, de las Cortes Superiores o los jueces de paz.
“El Poder Judicial está obligado inexorable e inevitablemente a cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional en los términos en que esta ha sido expresada”, subrayó.
Explicó que dicha sentencia –emitida en la víspera- establece que es inconstitucional equiparar un día de detención domiciliaria por un día de prisión efectiva, tal como lo estableció la polémica ley aprobada y derogada por el Congreso.
Alva Orlandini consideró carentes de todo fundamente jurídico las críticas formuladas en contra del TC por pronunciarse sobre una norma que había sido derogada.
Al respecto, precisó que una ley puede generar efectos jurídicos a pesar de haber sido derogada posteriormente.
“Cuando esos efectos violan la Constitución, el Tribunal Constitucional está llamado a dejarlos sin efecto”, acotó tras precisar que el fallo no está referido a una situación particular y que fue emitido al margen de consideraciones políticas o de coyuntura.
Según dijo, el pronunciamiento del TC no es un “jalón de orejas” a los poderes del Estado sino una “llamada de atención” al régimen democrático para que no haya dudas ni vacilaciones cuando se trata de garantizar el estado de derecho en el país.
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