Lima, dic. 27 (ANDINA).- El Instituto de Defensa Legal (IDL) consideró hoy que el gobierno de Japón “debe sincerarse de una vez por todas” y decir si realmente va a extraditar o no al prófugo ex presidente Alberto Fujimori para permitir a juzgados peruanos procesarlo por delitos de lesa humanidad y corrupción.
“Japón tiene que explicar de manera clara su posición sobre el pedido de extradición de Fujimori, porque eso le va a permitir al Perú iniciar otras acciones de carácter internacional”, sostuvo Carlos Rivera, coordinador del área legal de IDL.
En declaraciones a la agencia Andina, Rivera refirió que el gobierno peruano no puede acudir a otras instancias, como la Corte Internacional de Justicia de la Haya, mientras no concluyan las gestiones iniciadas en dicha nación asiática.
“Perú tiene amarrada las manos gracias a la acción no sólo negligente sino cómplice de Japón en este tema”, manifestó.
Rivera afirmó que el gobierno nipón está “jugando a ayudar legalmente” a Fujimori “haciendo larga su respuesta a un trámite iniciado de manera correcta por el Perú”.
Sin embargo, consideró que esa estrategia “no le servirá de nada”, puesto que Fujimori es acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad y corrupción que no prescriben en el tiempo.
El abogado señaló que el gobierno japonés debe extraditar al ex mandatario peruano por efecto de reciprocidad, ya que Perú colaboró con Japón al entregarle a la terrorista Kasue Yoshimura, en 1996.
“Japón se está negando a un proceso de extradición que corresponde por reciprocidad. Lamentablemente, sus buenos amigos están colaborando para que Fujimori no se presente ante la justicia peruana y responda por los delitos que cometió”, remarcó.
Fujimori se encuentra en Japón amparado en su doble nacionalidad, desde noviembre de 2000, luego que estallara un escándalo de corrupción en su gobierno protagonizado por su ex asesor personal Vladimiro Montesinos.
Perú pidió a Japón, a fines de julio de 2003, la extradición de Fujimori al estar implicado en el asesinato de 15 personas en Barrios Altos (1991), y por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y desaparición forzosa de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta (1992).
En ambos casos, el ex mandatario es acusado de ser presunto autor intelectual de los asesinatos perpetrados por el comando paramilitar Colina.
Perú también solicitó a Japón la extradición de Fujimori por pagar una irregular indemnización a Montesinos de 15 millones de dólares en las postrimerías de su régimen.
(FIN) RRH/RES/RMR - 27/12/04 - 08:15