Lima, feb. 04 (ANDINA).- Las nuevas funciones otorgadas hoy por el Ministerio de Justicia a los procuradores públicos permitirá a estos funcionarios ejercer mayor control sobre los plazos en los procesos y así evitar excarcelaciones por exceso de carcelería sin sentencia o la prescripción de los delitos.
Lima, feb. 04 (ANDINA).- Las nuevas funciones otorgadas hoy por el Ministerio de Justicia a los procuradores públicos permitirá a estos funcionarios ejercer mayor control sobre los plazos en los procesos y así evitar excarcelaciones por exceso de carcelería sin sentencia o la prescripción de los delitos.
Además, los defensores del Estado podrán exigir el cumplimiento del pago de las reparaciones civiles, entre otras medidas.
Las nuevas funciones están especificadas en el Decreto Supremo 002-2005-JUS, y en conjunto buscan hacer más efectiva la defensa de los derechos e intereses del Estado, informa una nota de prensa del Ministerio de Justicia.
Los procuradores tendrán como nuevas obligaciones llevar un estricto control de los plazos en los procesos, estar atentos a posibles excarcelaciones y evitar prescripciones por falta de juzgamiento oportuno de los procesados.
La norma fue dictada a raíz de las recientes excarcelaciones de procesados por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos presuntamente cometidos durante el gobierno de Alberto Fujimori y prescripciones.
Asimismo, los procuradores podrán solicitar que los funcionarios condenados por delitos contra la administración pública se les imponga la pena accesoria de inhabilitación para ejercer en el futuro otros cargos en entidades estatales.
También podrán disponer las acciones necesarias para que se determinen los bienes que deben ser restituidos al Estado y se establezcan los montos de las indemnizaciones.
En opinión del titular de Justicia, Carlos Gamarra, las nuevas funciones son oportunas ya que el gobierno, dijo, está preocupado por las excarcelaciones y el incumplimiento del pago de las reparaciones civiles.
El ministro recordó que los involucrados en delitos en agravio del Estado suelen transferir sus bienes con el fin de disminuir su patrimonio y así, cuando se les exige una reparación, tratar de demostrar que no cuentan con recursos suficientes.
“Esta es una audacia que pretendemos impedir”, anotó.
(FIN) RRC/RMR
Publicado: 4/2/2005