El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, anunció que se reunirá con el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, para mejorar el trabajo de los jueces y fiscales en favor de la extradición del expresidente Alejandro Toledo, investigado por casos de corrupción.
Refirió que en este tema “las aguas deben de calmarse, ya que no puede haber una política confrontacional, porque eso hace mal al sistema de justicia; creo que ni la Fiscalía ni el Poder Judicial buscan favorecer al expresidente Toledo”, recalcó.
A su juicio, dijo que
sería favorable que los procesos en el caso Ecoteva y Odebrecht sean unificados, ya que tener dos procesos separados en contra del
ex mandatario Toledo Manrique favorece la dilación de la extradición.
No obstante, manifestó que esta es una facultad que le corresponde proponer a las partes procesales.
El Ministerio Público cuestionó la demora del juez Abel Concha, que tiene a su cargo el caso Ecoteva, por no enviar a la fecha el pedido de detención contra el expresidente Alejandro Toledo a Estados Unidos, con fines de extradición.
El juez, indicó negó demoras en las gestiones en este proceso, e indicó que tomó una licencia por el fallecimiento de su padre.
Bono para los trabajadores
De otro lado, Rodríguez Tineo informó que mañana lunes sostendrá una reunión con el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Zavala, para buscar una solución al tema de remuneraciones de los servidores judiciales, los peores pagados en la administración de justicia.
Indicó que propondrá al titular de Economía otorgar un bono permanente a los trabajadores ascendente a 500 soles para los trabajadores judiciales.
Comentó también que presentó al Congreso un proyecto de Ley de la Carrera del Trabajador Judicial; así como una iniciativa para que el personal de la institución que labora bajo Contrato Administrativo de Servicios (CAS) pase al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, entre otros proyectos.
APEC e imprescriptibilidad
El presidente del Poder Judicial asistió a esta reunión en su condición de presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).
Refirió que los delitos contra la administración pública tendrán la misma gravedad de los delitos de lesa humanidad y, de esa manera “nadie se va favorecer con la prescripción”.
Además, expresó que en dicho foro también se destacó la ley que decreta la “muerte civil” para los funcionarios condenados por corrupción, de tal manera que estos no puedan ejercer cargos públicos.
(FIN) NDP/FHG
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Publicado: 27/8/2017