En tan solo dos meses de aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, la Fiscalía Provincial Penal con competencia en Extinción de Dominio de Lima y Callao registra 18 procesos sobre este tema, de los cuales 3 están en proceso de calificación, 10 en etapa de indagación patrimonial, 2 en etapa judicial y 3 ya han sido resueltos.
La creación de esta norma, Decreto Legislativo N° 1373 y su Reglamento, se dio con la finalidad de combatir la delincuencia organizada en el país, para tomar medidas eficientes e implementar herramientas efectivas de lucha contra la criminalidad.
El mencionado marco normativo nace con la finalidad de privar a los agentes del delito, de los beneficios de su actividad, atacando los bienes de procedencia ilícita. Así, evita que la delincuencia continúe acumulando riqueza durante su procesamiento, porque sin necesidad que culmine el proceso penal se les privará de los bienes de procedencia ilícita, los que pasarán a la titularidad del Estado.
Las sentencias firmes que declaren la extinción de dominio de los bienes patrimoniales que constituyan objeto, instrumentos, efectos o ganancias que tienen relación o se derivan de actividades ilícitas o vinculadas a la criminalidad organizada, tienen como efecto que dicho bienes pasen a la titularidad del Estado representado por Pronabi, entidad tiene la facultad, de vender dichos bienes y su producto distribuirlo entre las entidades que luchan contra la delincuencia y la criminalidad organizada.
La implementación del Subsistema de Extinción de Dominio, implica un trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, que en forma articulada han elaborado un esquema de trabajo que tiene tres líneas de acción: adecuación organizacional, capacitación y la tercera de publicidad y difusión.
La puesta en práctica de esta norma ha significado un fuerte proceso de capacitación. Así el Ministerio Público ha capacitado a fiscales en el interior del país y dentro de 15 días comienza para los magistrados de Lima.
Igualmente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ya aprobó su Plan de Implementación y trabaja en la ejecución del mismo, que también incluye el fortalecimiento de las capacidades de los procuradores y de los defensores públicos.
(FIN) NDP/SMA
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Publicado: 8/4/2019