La Defensoría del Pueblo demandó a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) vigilar que todos los servicios que brindan las universidades sean implementados considerando la inclusión plena de las personas con discapacidad.
Tras una supervisión a diversas universidades públicas y privadas a nivel nacional, licenciadas por la Sunedu entre los meses de junio y julio, para verificar la accesibilidad de la educación universitaria para estudiantes con discapacidad durante el contexto de la pandemia por covid-19, se identificaron dificultades y barreras vinculadas con la modalidad educativa no presencial implementada.
Precisó que, para esta actividad, se efectuó un muestreo cualitativo de 207 estudiantes que presentan necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad.
Algunos de los resultados más resaltantes fueron que el 88 % de estudiantes provenientes de universidades públicas refirió que no fueron incorporados en alguna nómina de beneficiarios para la subvención del servicio de internet y/o de dispositivos informáticos y/o electrónicos.
Asimismo, 63 % de estudiantes provenientes de universidades privadas registró que no se le brindó facilidades relativas a la conectividad virtual para realizar las clases bajo la modalidad no presencial.
En tanto un 89% del total de estudiantes con discapacidad auditiva encuestados informó que, en los contenidos, medios y/o herramientas para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje virtual no se implementó la interpretación de lengua de señas.
Situación que atentaría contra una educación inclusiva a favor de personas con discapacidad auditiva.
De acuerdo con información alcanzada por el Ministerio de Educación (Minedu) en el periodo 2020-I se matricularon 4,674 estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas diferentes, de los cuales 3,308 tienen discapacidad visual, 245 discapacidad motora, 155 discapacidad auditiva y 966 otros tipos de discapacidades.
Para la institución las cifras porcentuales, aunadas a los datos complementarios del Minedu, evidenciarían desatención por parte de las universidades licenciadas a estudiantes con discapacidad para que puedan acceder, en igualdad de condiciones, a una educación inclusiva de calidad.
En esa línea, la Defensoría del Pueblo, en calidad de mecanismo independiente encargado de promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (MICDPD), viene revisando la documentación sobre la adaptación de la educación no presencial de asignaturas que fue presentada por las universidades públicas y privadas a la Sunedu, en razón de la emergencia sanitaria por el covid-19.
Finalmente, la Defensoría reiteró su disponibilidad para recibir las solicitudes de intervención de estudiantes universitarios con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad, a nivel nacional, a través de sus diferentes canales de atención.
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Publicado: 30/9/2020