La Contraloría General de la República determinó un perjuicio de 2 millones 587,346.1 soles en la región Áncash producto de acción de control posterior realizadas entre setiembre y noviembre, se informó.
El gerente regional de Control en Áncash, Emerson Rucoba Tananta, informó que las presuntas irregularidades halladas en obras y servicios de esta región, determinan responsabilidades, en el ámbito penal, civil y administrativa, de al menos 45 funcionarios de seis entidades públicas.
La
Contraloría indicó que entre las instituciones en las que
se encontraron presuntas irregularidades se encuentran el Gobierno Regional de Áncash, la Municipalidad Provincial de Huaraz, la Municipalidad Provincial del Santa, la Dirección Regional de Educación y las comunas distritales de Huasta e Independencia.
Por ejemplo, a través del informe N° 040-2020-2-5332 se evidenció que funcionarios y servidores del Gobierno Regional de Áncash,
aprovecharon el Estado de Emergencia para desembolsar 100,000 soles mediante encargos para la compra de implementos de bioseguridad los cuales fueron rendidos con facturas y boletas de venta cuyos proveedores negaron haber emitido. Además, los
bienes no ingresaron a sus instalaciones.
Durante una conferencia virtual con medios de comunicación locales, se informó que en el último trimestre del 2020 se han emitido 274 informes de control entre visitas de control (33), orientaciones de oficio (90) y control concurrente (151). En lo que va del año la Contraloría ha emitido en Áncash, 765 informes de control en el marco de la emergencia sanitaria por covid-19.
Rucoba agregó que actualmente se encuentran en ejecución 4 auditorías de cumplimiento y 42 informes de control específico a diversas instituciones públicas de Áncash como el Gobierno Regional de Áncash, las Unidades de Gestión Educativa Local de Yungay, Carhuaz, Recuay, Casma, Santa y Huaylas, así como la municipalidades provinciales de Carhuaz, Casma y Pallasca; por lo que no se descarta que en las próximas semanas el perjuicio económico incremente al igual que el número de funcionarios involucrados.
Estas estadísticas de perjuicio a los recursos públicos son reveladas en medio de la crisis política que atraviesa la región Áncash, debido a la detención de la principal autoridad regional, el gobernador Juan Carlos Morillo Ulloa, implicado en un hecho de corrupción.