17:04 | Chimbote, jul. 16.
El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia del Santa (Áncash) sentenció a nueve años de prisión al exalcalde distrital de Bambas Manuel Cirilo Paz Sánchez, por el delito de peculado doloso agravado.
La misma pena fue dictada para el excontratista Marcos Roberto Obando Robles, mientras que algunos exfuncionarios del municipio de Bambas (ubicado en la provincia de Corongo) recibieron penas de entre 7 y 4 años de prisión.
Según la tesis fiscal presentada durante el juicio oral, el exburgomaestre y sus coacusados, Obando Robles y la extesorera Juana Lucila Ruiz Llerena, se apropiaron del dinero presupuestado para tres obras y una consultoría que la comuna de Bambas iba a ejecutar, pero que nunca se iniciaron o se dejaron inconclusas.
Los proyectos que fueron materia de juzgamiento son la construcción del reservorio para el sistema de riego del caserío de Cobamires, valorizado en 325,950 soles; el mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados, valorizado en 14,300 soles.
Asimismo, el programa Municipios Saludables que promueve el cuidado infantil y la adecuada alimentación, cuyo costo era de 4,320 soles, y consultorías y asesorías profesionales, presupuestadas en 206,522.94 soles.
Otros imputados en este caso son: María Berenisse Benavides Peláez, Christian Rolly Sánchez Méndez y Robert Javier Sánchez Torres, quienes fueron procesados por el delito de peculado doloso simple, debido a que facilitaron sus recibos por honorarios a fin de justificar los egresos de dinero por servicios profesionales que no se prestaron.
Penas
Tras la culminación del proceso penal, el Juzgado Penal Colegiado encontró responsables del delito de peculado doloso agravado al exburgomaestre Manuel Cirilo Paz Sánchez y a Marcos Roberto Obando Robles, por lo que fueron condenados a nueve años de prisión.
La extesorera Juana Lucila Ruiz Llerena recibió una condena de siete años, ocho meses y diez días de pena privativa de libertad; a María Berenisse Benavides Peláez se le impuso cuatro años, tres meses y veinticinco días de prisión; mientras que a Christian Rolly Sánchez Méndez y Robert Javier Sánchez Torres, cinco años de prisión.
La reparación civil se fijó en 520,472 soles, que deberán pagar los sentenciados apenas empiece a ejecutarse la condena.
Segunda instancia
Todos los sentenciados deberán acudir al Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte del Santa el primer día hábil de cada mes para informar y justificar sus actividades. Esto deberá cumplirse hasta cuando la sala resuelva en segunda instancia. De no acatar esta disposición, la no ejecución provisional de la pena será revocada.
Es decir, el tribunal dispuso que la condena se haga efectiva una vez que exista un pronunciamiento de segunda instancia: la Sala de Apelaciones de este distrito judicial.
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(FIN) GHD/JOT
Publicado: 16/7/2019