La Defensoría del Pueblo recibió esta mañana a madres y padres de estudiantes con discapacidad y otras necesidades educativas, a quienes se les ha negado la matrícula por su condición aduciendo, en muchos casos, que no hay vacantes, no hay infraestructura accesible, no pueden hacer adaptaciones u otorgar ajustes razonables, a pesar de que la Política de Educación Inclusiva se aprobó en el 2013.
En el caso de las instituciones educativas privadas, las madres y padres de familia manifestaron que estas exigen la contratación de personas de apoyo durante las clases o el pago de una doble pensión.
En estos casos, Indecopi tiene la obligación se supervisar que los
colegios privados no hagan cobros adicionales asociados a la condición de discapacidad u otra necesidad educativa.
Malena Pineda, jefa del Programa de Defensa y Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad, afirmó que la negación de matrícula y la exigencia de cobros adicionales constituyen barreras que discriminan a las niñas y niños con discapacidad y terminan excluyéndolos del sistema educativo.
Esta situación continúa afectando a toda la población con discapacidad, especialmente a quienes tienen menos recursos económicos.
Cabe señalar que en diciembre de 2019, la Defensoría del Pueblo emitió el Informe Defensorial N° 183, luego de supervisar 779 instituciones educativas en todo el país mostrando cifras alarmantes: el 88.04 % de la población con discapacidad en edad escolar no accedió al sistema educativo y solo el 0.7 % de los colegios son accesibles.
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Ministerio de Educación (Minedu) y a las direcciones regionales de educación para garantizar que los estudiantes con discapacidad y con otras necesidades educativas (por déficit de atención, hiperactividad, dislexia, discalculia y otros) tengan acceso a una educación inclusiva de calidad, gratuita y en igualdad de condiciones.
De igual forma, el llamado de atención se dirigió a Indecopi para que cumpla con realizar supervisiones continuas durante la etapa de matrícula, a fin de garantizar el acceso a la educación sin discriminación y asegurar la idoneidad del servicio educativo.
Más en Andina:
(FIN) NDP/ART
Publicado: 17/2/2020