La Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato precisó que la devolución de una parte de los fondos del fideicomiso de la Ley 30737 a Odebrecht, por más de 515 millones de soles, “es una decisión que en este momento depende exclusivamente del Poder Judicial”.
Mediante un comunicado, explica que “ningún otro poder del Estado o entidad de gobierno tiene la facultad para interferir en dicha decisión de carácter autónomo”.
Decisión
La Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato recuerda que, “debido a la colaboración continua de Odebrecht, así como a su situación financiera crítica, la Fiscalía decidió otorgarle el beneficio de eximirla de la Ley 30737”.
“Ante este escenario que implicaba la liberación de los fondos de la venta de la Hidroeléctrica Chaglla que estaban en el fideicomiso de dicha ley, la Procuraduría acordó con Odebrecht que con ese dinero primero pague la deuda tributaria exigible a la fecha (S/ 435 millones aprox.) y la primera cuota de la reparación civil (S/ 80 millones)”.
El saldo restante servirá para pagar deudas con trabajadores, acreedores vinculados a los proyectos ejecutados en el país, así como para asumir costos que permitan viabilizar la ejecución del acuerdo con la constructora brasileña, refiere el comunicado.
“La devolución de estos fondos a Odebrecht fue una decisión con la que la Fiscalía y la Procuraduría estuvieron de acuerdo en su momento, después de sopesar todas las opciones posibles desde un punto de vista técnico-legal”.
A la par, se busca que el Perú obtenga un bien mayor: la posibilidad de que los ciudadanos conozcan la verdad sobre los políticos, funcionarios y empresarios que cometieron graves delitos de corrupción en agravio del Estado durante los últimos años, precisa.
Colaboración
“A este propósito también contribuye la posibilidad de que la empresa continúe operando en el país, pues permite que ella siga colaborando con la justicia, al mismo tiempo que cumple con sus obligaciones de pago por reparaciones civiles presentes y futuras”.
Además, “estamos ante una herramienta de gran utilidad para asegurar y cobrar futuras reparaciones civiles, tanto a las empresas como a personas naturales responsables de todos estos actos de corrupción”.
Por último, se hace una invocación a la ciudadanía y a la sociedad para defender la sostenibilidad del citado acuerdo y a confiar en el trabajo autónomo que efectúan los fiscales del Equipo Especial y los procuradores, cuya labor además está permanentemente sometida al control de legalidad que ejerce el Poder Judicial.
(FIN) PBQ/CVC
JRA
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Publicado: 2/10/2019