La congresista Elizabeth Taipe Coronado, de Perú Libre, presentó un proyecto de ley que plantea que las entidades públicas puedan pedir realizar consultas a la Contraloría sobre proyectos de inversión, y que su informe técnico tenga el carácter de vinculante.
La parlamentaria indica que las consultas deben centrarse en cuestiones específicas relacionadas con la gestión, ejecución y supervisión de proyectos de inversión; así como de otras actividades administrativas.
“La Contraloría tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para emitir una opinión técnica, desde la recepción de la consulta, siendo esta opinión vinculante para la entidad consultante y deberá ser adoptada para facilitar la toma oportuna de decisiones”, dice la iniciativa.
Con ese propósito, se plantea modificar el artículo 10 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República (Ley 27785), e incorporar el artículo 22-A para exonerar de sanciones a las entidades que solicitan la consulta.
“Las entidades que actúen de acuerdo con las opiniones vinculantes de la Contraloría no serán objeto de sanción ni observación en futuras evaluaciones o auditorías relacionadas con los temas consultados”, refiere el proyecto.
Dice además que, “en su orientación de oficio o control concurrente, la Contraloría considerará las opiniones vinculantes emitidas previamente y no podrá imponer sanciones ni observaciones contrarias a dichas opiniones, siempre que las entidades hayan actuado en conformidad con ellas”.
Sustento del proyecto
Taipe Coronado fundamenta su propuesta en que la no obligatoriedad de las opiniones que emite la Contraloría puede dar lugar a una falta de coherencia en la aplicación de normativas y recomendaciones.
Además, al otorgar carácter vinculante a estas opiniones se garantizará que las recomendaciones y observaciones sean implementadas de manera uniforme y efectiva, se aumenta el control y la vigilancia sobre el uso de los recursos públicos, y se optimizan los procesos administrativos en la gestión pública.
Asimismo, se refuerza la autoridad y capacidad de influencia de la Contraloría, consolidándola como una entidad clave en el control y supervisión de la gestión pública.
“Actualmente, muchas recomendaciones de la Contraloría no se implementan debido a su carácter no vinculante, lo que puede perpetuar prácticas ineficientes y limita su capacidad para asegurar que sus hallazgos y recomendaciones se traduzcan en acciones correctivas”, apunta.
(FIN) FHG/FGM
GRM
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Publicado: 26/7/2024