El Jefe de Estudios Económicos del BBVA, Hugo Perea, afirmó hoy que es oportuna la medida del Gobierno de modular la reducción del déficit fiscal entre el 2021 y 2023, a fin de tener espacio para llevar a cabo una mayor inversión en infraestructura.
"La economía cuenta con espacio suficiente para realizar este tipo de ajustes sin que tenga un impacto negativo en el producto bruto interno (PBI)", afirmó.
“Esta gradualidad sinceriza una trayectoria más adecuada y evita generar un ajuste fiscal drástico cuando la actividad económica aún se encuentra débil. Por ese lado, la medida es oportuna, pues no se requiere un déficit fiscal tan pequeño para estabilizar la deuda pública como porcentaje del PBI”, comentó a la Agencia Andina.
Según Perea, la medida tampoco pone en riesgo la solvencia de las finanzas públicas.
“Esto significa que se va a converger a un déficit de 1% de una manera más gradual y que el nivel de endeudamiento no crezca a cifras preocupantes, por lo que no veo mal la propuesta”, refirió.
De acuerdo con el Decreto de Urgencia N° 032-2019, el déficit fiscal del 2021 sería de 1.8% del PBI, el 2022 de 1.6%, el 2023 de 1.3% y para el 2024 se llegaría a 1% del PBI.
Con esta acción, se ampliaría el déficit fiscal durante el periodo 2021-2023 en 1.7 puntos porcentuales del PBI (parte de los 2.3 puntos porcentuales que no se utilizaron durante el 2018 y el 2019).
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mantener la actual trayectoria de reducción del déficit fiscal, pasando de 2% del PBI en 2020 a 1% del PBI en 2021, implicaría un retiro significativo del impulso fiscal en el 2021, lo que podría incidir negativamente en el crecimiento de la economía, considerando los riesgos externos a los que está expuesta.
Ejecución de megaproyectos
El jefe de Estudios Económicos del BBVA aseveró que esta medida no responde necesariamente a una expansión del gasto público.
“Es un tema que todavía debe evaluarse. Es posible que se deba a que los ingresos no están creciendo de acuerdo con las expectativas o porque se requiere acelerar el gasto, pues en los últimos meses hemos visto cierta dificultad para expandir el gasto fiscal”, precisó.
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Asimismo, el ejecutivo aseveró que la norma es consistente con la visión de querer acelerar la ejecución de los megaproyectos que comprenden la cartera de inversiones. “Se trata de un problema de gestión, de capacidad de gestionar estos recursos más que la necesidad de ampliar el déficit para gasto.”
Perea comentó que el grado de inversión que ostenta la economía peruana no se verá afectado con esta iniciativa.
“No está en riesgo. Los niveles de endeudamiento público se van a mantener por debajo del 30% del PBI, por lo que no vemos mayor riesgo en torno a la calificación crediticia”, puntualizó.
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(FIN) VLA/JJN