Lima, jul. 13 (ANDINA).- El procurador ad hoc Antonio Maldonado solicitó hoy que la Fiscalía de la Nación y la Comisión de Ética Parlamentaria investiguen a los congresistas que aprobaron la ley sobre arresto domiciliario.
Lima, jul. 13 (ANDINA).- El procurador ad hoc Antonio Maldonado solicitó hoy que la Fiscalía de la Nación y la Comisión de Ética Parlamentaria investiguen a los congresistas que aprobaron la ley sobre arresto domiciliario.
Según indicó, existe responsabilidad en los legisladores que elaboraron dicha iniciativa; en los que respaldaron su aprobación en la Comisión de Justicia del Legislativo, así como aquellos que votaron a favor de su vigencia en el pleno del Congreso.
“Es necesario que la Comisión de Ética realice una investigación”, dijo tras destacar la importancia que “la Fiscalía también investigue el hecho”, anotó.
En conferencia de prensa, Maldonado señaló que al igual que el Congreso, el Ejecutivo también tuvo responsabilidad al no observar la ley sobre arresto domiciliario, teniendo en cuenta que ya se había advertido que dicha norma debilitaba la lucha contra la corrupción.
Indicó que, en las próximas horas, su despacho remitirá un oficio a la presidencia del Consejo de Ministros, para que explique las razones que motivaron la no observación de la referida norma.
Del mismo modo, el procurador criticó a la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, presidida por el magistrado Robinson Gonzáles, por aplicar una ley contraria a la Constitución.
Señaló, además, que la Procuraduría Ad Hoc tiene el camino expedito para acudir a instancias internacionales, al vulnerar la Corte Suprema el debido proceso puesto que hasta el momento no ha remitido a la defensa del estado la resolución que permitió la excarcelación de los hermanos Moisés y Alex Wolfenson.
El procurador denunció la existencia de “movimientos oscuros” que pretenden lograr la impunidad de los denunciados por corrupción y violación de derechos humanos.
Maldonado y su equipo fundamentaron las razones por las cuales el Tribunal Constitucional debe declarar la inconstitucionalidad de la ley, ya derogada, que equipara el arresto domiciliario con la prisión efectiva, y que permitió la excarcelación de los hermanos Wolfenson.
El defensor del Estado criticó la actuación que en este tema han tenido los poderes público, por considerar que en vez de fortalecer la lucha anticorrupción, han ingresado a un ámbito de controversia y conflicto que la debilita.
Más adelante, expresó su apoyo a la marcha contra la corrupción convocada por monseñor Luis Bambarén y aseguró que la procuraduría participará en esta movilización.
“Debemos abrir una etapa de lucha”, apuntó, tras adelantar que próximamente dará a conocer las medidas que adoptará su despacho para impedir que la norma ya derogada sobre el arresto domiciliario tenga mayores efectos.
De otro lado, el procurador adjunto Juan Carlos Portocarrero, dijo que la ley de arresto domiciliario es inconstitucional porque viola el principio de igualdad contenido en la Constitución, lesiona la protección que el Estado debe a la población y desestabiliza el sistema penitenciario.
(FIN) FPQ/JBR
Publicado: 13/7/2005